Madrid pide un pacto de Estado para mejorar la administración de Justicia

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Así lo ha propuesto durante su intervención en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid, en el que ha sugerido que el susodicho acuerdo parta de la base del firmado en 2001 por el PP y el PSOE y busque un consenso “perdurable” en el tiempo. López ha advertido de que el ciudadano de a pie percibe la Justicia como un servicio “ciertamente saturado” y “muy distante”, y ha subrayado como prioridades para su evolución el fortalecimiento del turno de oficio, el impulso a medios extrajudiciales como la mediación o el arbitraje y la digitalización de los sistemas.

Otro problema clave, según el consejero, es la financiación que reciben las autonomías para sus administraciones de justicia, que al no tener categoría de “servicio público esencial” no se ajusta a las necesidades del servicio. “Mejorar las condiciones materiales de la Justicia” la hará “más libre y más justa”, ha indicado López, y ha recalcado la necesidad de reducir la dispersión de las sedes judiciales, especialmente en la Comunidad de Madrid.

Entre los proyectos más destacados de su consejería, López ha destacado el ‘Plan Justicia 21×21’ para la unificación,  modernización y humanización de las infraestructuras de los veintiún partidos judiciales de la región, que en esta legislatura contará con un presupuesto mínimo de 90 millones de euros.

También ha reiterado su voluntad de recuperar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que está a la espera de una decisión del Tribunal Supremo, para concentrar todas las sedes del partido judicial de Madrid en la zona de Valdebebas. López pretende, asimismo, impulsar una ley que elimine la potestad de la Asamblea de Madrid para designar una de cada tres plazas de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que pasaría a recaer en los propios jueces.

Por último, ha recalcado su compromiso de continuar implementando el expediente electrónico en los tribunales madrileños e incrementar el número de psicólogos y trabajadores sociales integrados en las unidades de valoración forenses.

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