El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula Madrid Central

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Madrid Central

La ordenanza puesta en marcha por Manuela Carmena, conocida como Madrid Central, se encuentra ahora mismo en la cuerda floja tras la anulación por parte del TSJM.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido anular Madrid Central. Lo hace tras estimar parcialmente los recursos presentados en su día por el Gobierno regional, el Grupo Popular en el Ayuntamiento y la mercantil DVuelta Asistencia Legal. Las causas han sido debidas a  los «defectos formales» de un reglamento, así como su regulación.

No obstante, las multas por entrar al centro de la capital sin el debido permiso continuarán hasta que se produzca sentencia firme. De hecho, la Plataforma en Defensa de Madrid Central anunció que recurrirá la sentencia con el objetivo de mantener la Zona de Bajas Emisiones.

En la sentencia, los magistrados consideran que la ordenanza de Madrid Central incurre en una omisión del trámite de información pública. Esto engloba un requisito que se considera «esencial, preceptivo e indispensable» al tratarse del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos; reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española.

Añadido a ello, el TSJM ha anulado el artículo 23 al entender que falta la «imprescindible» memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza. Responde así a las alegaciones realizadas por el Grupo Municipal del PP. Según la Sala y conforme consta en la memoria, es imprescindible para «valorar con pleno conocimiento y con antelación la repercusión que los costes de su aprobación pueden representar en relación con los principios de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, sostenibilidad financiera y regla de gasto».

La anulación parcial del acuerdo del Consistorio supondría que todas las multas impuestas decaerían al carecer de sustento normativo.

Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento se felicitaron por la noticia. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, presidente de la Comunidad cuando el Gobierno regional llevó ante la Justicia la medida, aseguró que la decisión demuestra «que el Gobierno populista de izquierdas hizo las cosas como suele hacerlas: no atendiendo a los criterios de legalidad. Faltaban trámites preceptivos e informes que eran obligatorios. Hay que consultar a los vecinos, comerciantes, Ayuntamiento y Comunidad antes de poner en marcha una medida como esta».

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