Un centro social de Latina permanece cerrado desde su construcción hace ocho meses

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El Centro de Servicios Sociales “Fuerte de Navidad”, en el barrio de las Águilas fue construido con fondos del Plan E del Gobierno de España con un presupuesto de  3,3 millones de euros. Pero desde su terminación permanece cerrado a cal y canto y de eso hace ya ocho meses. El portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, ha denunciado la mala gestión que supone mantener clausurada una instalación muy necesaria para el barrio, además de “la incorrecta información que se ha difundido sobre la puesta en marcha de un servicio que no existe”.

Lissavetzky se refería a las noticias  sobre la entrada en funcionamiento de un nuevo Centro Social en un barrio muy deficitario en este tipo de instalaciones. En Latina, el segundo distrito más poblado de la ciudad, con 256.527 habitantes, solamente dispone de dos centros sociales, uno en la calle Gallur y otro en Los Yébenes. El Fuerte de Navidad fue anunciado a “bombo y platillo” antes de las elecciones, pero, a pesar de que fue construido con dinero del Estado, hoy sigue cerrado.“Estamos en un distrito envejecido, un 22% de la población tiene más de 56 años, que necesita centros de servicios sociales para proporcionarles una vida saludable”, explicó Lissaveztky.
 
Una delegación socialista integrada por la representante en el distrito, Noelia Martínez, el responsable de Asuntos Sociales y Familia, Pedro Zerolo y José Cepeda, de la Asamblea de Madrid, han mantenido una entrevista con la asociación de vecinos de Las Águilas para hablar de los problemas del barrio.
La población necesitada de atención  social primaria ha crecido en los últimos años sin que ello se haya traducido en un aumento de infraestructuras. En la actualidad existe un centro por cada 128.000 habitantes, casi el triple de las recomendaciones realizadas por el Colegio de Trabajadores Sociales. Esta misma carencia se aprecia en el numero de trabajadores de los centros que se sitúa en un trabajador por cada 12.800 habitantes, lejos  de la proporción de un trabajador por cada 3.000 habitantes considerada como mínima para prestar un servicio de calidad.

 

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