La asociación de vecinos Palomeras Bajo se defiende ante el asunto de las camisetas verdes

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Afirman no realizar ninguna transacción económica con las camisetas verdes que se han convertido en la nariz de Pinocho de la sra. Presidenta de la Comunidad. Esta asociación colabora y presta su infraestructura a diferentes entidades sociales, entre ellas al colectivo de enseñantes en Vallecas, el cual financia sus actividades como cree conveniente y siempre de manera ética, como nos consta.
Destacan  que los procedimientos utilizados para lanzar esta acusación han sido realmente infames. La utilización de un “periodista” de la caverna mediática para recabar información, la repetición de ésta, manipulada y adulterada públicamente, y la posterior amenaza de retirada de subvenciones de la comunidad (como si las hubiésemos recibido) pone de manifiesto una actuación irregular, arbitraria e indigna de un gobierno democrático.
Según la asociación,nadie relacionado con el Gobierno autonómico nos ha recabado información, ni nos ha comunicado la apertura de ningún expediente previo a cualquier sanción. Nadie ha venido a confirmar esas informaciones de  ¡fraude fiscal!, a una entidad sin ánimo de lucro que cubre su funcionamiento con el voluntariado de sus afiliados. Sin embargo representantes de la Administración autonómica utilizan los medios y recursos públicos para intentar atemorizarnos y de paso atemorizar a los enseñantes.
Afirman que fue una de las primeras asociaciones legalizadas en nuestro país, desde entonces ha venido defendiendo los derechos y el bienestar de los vecinos y vecinas de Vallecas, y los servicios públicos han sido y son parte sustancial de ese bienestar vecinal. Esta entidad sigue teniendo como deber cívico el freno a la agresión que sufren en nuestra comunidad servicios como la Sanidad o la Educación.  
Para finalizar, la asociación entienden que todo este montaje contra ellos, es una cortina de humo para tapar el verdadero problema, que es el ataque que en los últimos años viene recibiendo la Enseñanza Pública por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre.

 

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