Los vecinos Vicálvaro “presionados” por la EMVS ante la posible venta de sus viviendas

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Desde el año pasado los vecinos de la Plaza de Ceres se sienten “presionados” por la EMVS ante los cambios de las condiciones de sus contratos de arrendamiento. Así lo expresaron en el último Pleno del distrito, donde solicitaron el apoyo de la Junta Municipal. En concreto se trata de siete familias a las que se les ha comunicado que deben entregar sus llaves porque sus contratos están rescindidos.

Los garajes de los inmuebles de Ceres han sido vendidos a una sola persona y quizá se trate de “un testaferro” de la entidad, denunciaron los vecinos en la sesión plenaria, quienes temen que a continuación se vendan sus viviendas. En este sentido, piden la prórroga forzosa de sus contratos de carácter bianual y derecho de compra, algo que no aparece reflejado en las nuevas condiciones que impone la EMVS.

La concejal presidenta, Carmen Torralba, defendió el carácter social de la EMVS y argumentó que los cambios de contratos se deben a la regularización de los antiguos para que se garanticen sus derechos. Varios jueces han dudado ya de las intenciones de la entidad del consistorio, ya que detallan en alguna sentencia que “desconocen la finalidad de la EMVS como aumentar la renta o burlar derechos como la prórroga o derecho de compra”.

Por el momento, existen sentencias favorables a los vecinos, en algunas de ellas cabe recurso y parece ser que serán los juzgados los que dirimirán quienes tienen razón en este asunto. La petición vecinal de respaldo de la Junta fue rechazada con los votos en contra del PP.

Alquiler de 90 viviendas de la EMVS

El grupo municipal Izquierda Unida mostró en la sesión plenaria un pliego para la venta de tres promociones de bloques de pisos de la EMVS, que incluye 90 inmuebles ubicados en el barrio de La Catalana. Por su parte, la entidad de vivienda anunció hace un mes que no se iban a vender, pero si alquilar con una serie de requisitos. Entre las condiciones se encuentran que la persona que quiera acceder a de estas casas no debe superar en sus ingresos los 50.000 euros al año, algo que consideró el representante de IU, Roberto Pico, como “altísimo, personas que ganan esta cantidad no deberían acceder a viviendas públicas”. A la edil socialista Ana García D’Atri también le parece “desproporcionada” esa cifra y reiteró su petición de una sesión informativa de la EMVS con los vecinos. El vocal de UPyD, David Morón, calificó de “nefasta” la gestión de la empresa de vivienda, ya que según él “se ha alejado de su carácter público”.

 

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