La Comunidad se persona como acusación en el caso de violencia de género de Vicálvaro

La Comunidad de Madrid ha dado orden para personarse como acusación popular en el caso de violencia de género a una mujer en el distrito de Vicálvaro

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Violencia género Vicálvaro
Bloque de pisos donde se halló a la víctima (Google Maps)

La Comunidad de Madrid ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso de violencia de género de Vicálvaro.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se personará en las diligencias previas seguidas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 10 de Madrid, que investiga como supuesto caso de violencia de género la muerte de una mujer de 38 años el pasado 30 de noviembre en el distrito madrileño de Vicálvaro, presuntamente a manos de su pareja. La víctima no había presentado denuncias previas contra el supuesto autor de los hechos, que fue detenido decretándose su ingreso en prisión.

Con este caso, se elevan a siete las mujeres asesinadas este año en la Comunidad por violencia de género y 55 en todo el territorio nacional. Así, el Gobierno ha dictado la orden por la que se encomienda el ejercicio de las acciones jurisdiccionales. De esta manera podrá personarse como acusación popular en el procedimiento judicial.

Con éste ya son 41 los casos en los que el Gobierno regional se ha personado como acusación popular en procesos relacionados con violencia de género desde enero de 2016; tal y como establece la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

 

Estrategia contra la violencia de género

La personación como acusación popular en los procedimientos judiciales es una de las medidas puestas en marcha en el marco de la Estrategia contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 2016-2021. Esta Estrategia, dotada con 272 millones de euros, contiene 160 medidas. Entre éstas destacan las destinadas a reforzar la prevención de la violencia de género en todos los niveles del sistema educativo; a facilitar el acceso a vivienda pública a las mujeres víctimas; proteger a los colectivos de mujeres más vulnerables; dar prioridad a estas víctimas en el acceso a programas de formación para el empleo; llevar a cabo iniciativas de apoyo a emprendedoras y a mejorar la coordinación de las administraciones y servicios públicos.

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