El pasado martes, 4 de abril, se ha conocido la dimisión de Belén Aldea como Directora de la Dirección de Área Territorial (DAT) de Madrid-Capital de la Consejería de Educación, que se une a la de Adoración Morales, como Directora de la DAT Este, acaecida hace una semana. La Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad de Madrid ha expresado que dichas medidas se han tomado en función de “una política errática de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por haber promovido un malestar general, crítico y de respuesta de buena parte de la comunidad educativa en sus áreas de competencia”.
En el caso de esta Plataforma, se ha venido denunciando de manera reiterada a través de la propia Consejería, de las Direcciones de los centros e incluso a través de las redes sociales, “la actitud desafiante, en ocasiones prepotente, de las titulares de ambas DATs”. Además, estas dimisiones se circunscriben en un momento de máxima tensión en el que la organización ha puesto en evidencia los problemas y conflictos existentes en estos territorios en materia educativa.
A colación del cese de las dos directoras, el colectivo ha subrayado la problemática en materia de infraestructuras existente en muchos municipios de la región y distritos de la capital (Rejas, Las Tablas, Villaverde, Montecarmelo, Usera, Vallecas, Barajas, Arganzuela, etc.), como son la falta de centros de nueva construcción; los continuos retrasos en la entrega de las obras pendientes; la eterna convivencia con las obras debido a la nociva construcción por fases de los centros;o la masificación encubierta en relación a la política de escolarización en colegios en institutos.
“No queremos dejar sin citar lo catastrófico de la gestión en el anuncio de cierre del IES Pérez Galdós de Fuencarral-El Pardo, donde la propia DAT Madrid-Capital, en coordinación con la Dirección de su centro, además de empujar hacia dicho cierre, cometió el enorme error, teniendo el rechazo de las familias, de promover la firma de los alumnos (menores de edad) de los consentimientos de traslado a otros centros, y cuya consecuencia ha sido la denuncia de las familias ante la Fiscalía de Menores del Ministerio de Justicia”.
Bajo estas demandas y denuncias, se solicita al consejero de Educación, Rafael Van Grieken, a que inste a las direcciones de Área Territorial a atender los escritos que las AMPAs les hayan dirigido y así que propicie la colaboración necesaria con la Dirección General de infraestructuras de esa Consejería, con el objetivo de continuar por la vía de estos cambios y dinamizando el diálogo.
