La Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha aprobado en sesión extraordinaria la licitación del concurso público para el derecho de superficie de la parcela de las Cuatro Torres, concretamente para lo que la oposición ha calificado siempre como el ‘agujero’ del que podría haber sido el Centro Internacional de Convenciones, por un total de 75 años y con un canon anual para las arcas municipales de casi 2 millones de euros.
El Plan Especial aprobado el pasado Pleno califica la parcela como equipamiento singular y, como uso alternativo, incorpora la posibilidad de destinarla al uso de Administración pública. También serán usos compatibles los de recreativo y ocio, comercial en pequeño y mediano comercio y el de terciarios distintos al de oficina.
El desarrollo de esta parcela, con cuya edificación se consolida definitivamente el ámbito de las Cuatro Torres y el enlace con Distrito Castellana Norte, reequilibrará la zona creando un nuevo foco de actividad.
En declaraciones previas a la Junta, la alcaldesa ha destacado que gracias a esta operación "los madrileños tendrán unas nuevas dotaciones" y ha señalado que no ha sido necesario llevar a cabo "ninguna modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Como ha explicado, "se trata de hacer viable un terreno que estaba parado para que acudan a esa licitación todas las empresas privadas que quieran concurrir a construir una dotación para los madrileños y una construcción que tiene diferentes posibilidades".
Tras la autorización, en breve se publicarán los pliegos que recogen las condiciones que rigen la cesión del derecho de superficie para la construcción y explotación de los edificios en los que se materializarán los usos permitidos por el planeamiento aprobado en el último pleno.
El adjudicatario llevará a cabo la construcción y explotación del equipamiento singular, que podrá ser educativo, cultural, de salud, de bienestar social o religioso, y también podrá destinar la parcela, total o parcialmente, al uso alternativo previsto de Administración Pública.
Como usos compatibles, que no pueden superar los 17.500 metros cuadrados -el 25 % de los 70.000 metros cuadrados de edificabilidad máxima-, se admiten los que están definidos en el plan especial como complementarios: recreativo y ocio, pequeño y mediano comercio y otros servicios terciarios.
Los pliegos recogen también el calendario en el que debe llevarse a cabo el desarrollo del ámbito, que establece que el plazo de presentación de proposiciones es de un mes una vez publicado en los boletines oficiales del Estado y de la Comunidad de Madrid.
Una vez formalizada en escritura pública la cesión del derecho de superficie, el adjudicatario debe elaborar definitivamente el proyecto y solicitar la licencia en el plazo máximo de nueve meses.
Para la finalización de las obras de edificación y de urbanización se establece un plazo máximo, siempre que no sea necesario modificar el planeamiento, de 32 meses.
Por lo tanto, y según el calendario previsto, coincidiendo con la finalización de la próxima legislatura -2015-2019-, el desarrollo del ámbito habrá concluido.
Con respecto al valor de la cesión del derecho de superficie, se ha establecido un canon anual inicial de 1.935.748,89 euros sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que se modulará en función de los usos comprometidos por el adjudicatario.
En cuanto a la valoración de ofertas, se puntuará positivamente que las edificaciones sean eficientes energéticamente, tanto en su construcción como en su uso posterior; y en el aspecto arquitectónico, que el conjunto aporte una pieza singular al paisaje urbano.
Además, deberá integrarse en el ámbito y facilitar el uso peatonal y la variedad de usos, lo que enriquecerá el tejido urbano y rematará el enlace con la Operación Chamartín -denominada ahora Distrito Castellana Norte-, en cuyo límite sur oeste se encuentra.
