Según el informe que elaboró la Cámara de Cuentas de Madrid, el grueso de ese importe (324,7 millones) correspondía a contratos para las diferentes construcciones del campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid, y se llegaron a pagar 91,7 millones, aunque sólo se levantó un edificio: el Instituto de Medicina Legal.
De la Mata admitió el pasado 3 de agosto una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que inició una investigación a raíz de una denuncia de la Comunidad de Madrid que ponía de manifiesto irregularidades en el proyecto, del que solo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.
Según ha informado la AudienciaNacional, por ahora no constan imputados en la causa y el juez se ha limitado a practicar las primeras diligencias para la averiguación de los hechos, entre ellas requerimientos de información hechos el pasado miércoles, 18 de septiembre. La denuncia de la Fiscalía se basa en el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas del pasado marzo, que concluye que la sociedad creada para el proyecto, Campus de la Justicia de Madrid (CJM), no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase la legalidad.
Entre otras cosas, el informe destacaba la ausencia de documentación que justificase el proyecto, la falta de rendición de cuentas -que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios-, y deficiencias de inversiones financieras, de tesorería y del inmovilizado.
En materia de contratación, describe irregularidades como defectos de tramitación, contratos diferentes al objeto social de la sociedad o sin documentación justificativa. Según los cálculos de la Cámara de Cuentas, el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización hecho por esta entidad asciende a 355.577.355 euros.
Además de los 91,7 pagados por los contratos de las construcciones del campus, se abonaron 3,8 millones por la contratación de suministros y servicios. En publicidad se gastaron 6,4 millones (de los que se abonaron cerca de 5,5 millones de euros), aunque el 85 % de ese gasto no tenía soporte contractual, como tampoco lo tenían pagos por 2 millones de euros en suministros y servicios detectados por la Cámara. Según ese informe, el gasto derivado de las indemnizaciones a los distintos adjudicatarios por la resolución de los contratos superó los 9,5 millones.
Entre las operaciones y contrataciones que se investigan figura la gestión del proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la Fase 1 (adjudicado en 2007 y por el que se pagaron 2,1 millones), la aplicación de las nuevas tecnologías en el proyecto (constan abonados 220.375 euros), la consultoría para la implantación de un sistema de seguridad o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.
También la asesoría para la estrategia de gestión del cambio del campus (234.000 euros); el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de Goya 66 (172.399 euros); la cobertura fotográfica del campus; el mantenimiento de la sede social y servicios de seguridad de la sede del campus, en la calle Miguel Ángel; la edición y distribución del libro «Foster+Partners»; el servicio de asesoramiento jurídico (252.829 euros) o el patrocinio y promoción del campus (63.000 euros).
