El Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla ha obligado a la Comunidad de Madrid a readmitir a una menor de origen marroquí en el Centro de Primera Acogida (CPA) del distrito de Hortaleza, de donde fue expulsada después de que la Fiscalía de Menores determinara que era mayor de edad. Según relata los hechos la presidenta de Fundación Raíces -organización de asistencia social privada sin ánimo de lucro-, Lourdes Reyzábal, la joven llegó a España en Patera en el mes de julio, siendo acogida en varios centros de menores andaluces, hasta que la niña marchó a la capital.
Ya en la Estación Sur de Autouses, las autoridades localizaron a la joven, quien indicó a los agentes de la Policía Nacional que tenía 16 años, por lo que fue ingresada en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Llegados a este punto, la presidenta de Fundación Raíces explica que la administración precisaba de documentación para poder realizarle el pasaporte a Samira -nombre ficticio-, requiriendo al consulado de Marruecos los datos pertinentes: una fotocopia del libro de familia, la partida de nacimiento y certificado de empadronamiento con foto.
Reyzábal denuncia que la Comunidad de Madrid, en vez de declarar a la niña en desamparo como marca la Ley, acudió a la Fiscalía, que determinó mediante pruebas médicas que Samira era mayor de edad, “a pesar de los documentos aportados y de la apariencia física claramente de niña”.
Ante el riesgo de que la adolescente se viese abocada a dormir en la calle después de tres meses viviendo en el CPA de Hortaleza, la fundación acudió a los Juzgados de Guardia de Plaza de Castilla advirtiendo de que las pruebas realizadas por Fiscalía “no son fiables” y señalando además que en la documentación se demuestra que Samira es menor de edad. En este sentido, Reyzábal reprocha a la Consejería de Políticas Sociales que no facilitase a la afectada el documento de cese de tutela, «dejándola indefensa, ya que sin ese papel no tiene derecho a recurrir la decisión administrativamente ni defender judicialmente la presunción de minoría de edad».
Tras varias horas en el Juzgado, una magistrada ha pedido el reingreso de la joven marroquí en el centro de menores de Hortaleza en condición de menor no acompañada hasta que, en este caso la Jurisdicción Civil, determine la edad de Samira. Por su parte, la Consejería de Políticas Sociales ha indicado «no ha dejado en la calle a esta persona», sino que ha dado cumplimiento al Decreto de Edad de la Fiscalía, no pudiendo la administración regional “actuar de otra manera a lo dispuesto por la Fiscalía”.
