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28/11/2014 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Salvador Victoria explicando los detalles del proyecto.
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La futura Ciudad de la Justicia de la ciudad de Madrid albergará en sus más de 200.000 metros cuadrados un total de 356 órganos judiciales de la capital de rango autonómico distribuidos en 28 sedes y se convertirá en la mayor agrupación de órganos judiciales de España, por delante de Barcelona, con 152.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria ha apuntado que la unificación de las sedes afectará a 554 jueces y magistrados, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales y más de 5.0000 funcionarios de Justicia, más de 42.000 abogados en ejercicio y 1.719 procuradores.
Por la Ciudad de la Justicia, que estará ubicada en la zona de Valdebebas, pasarán cada día unas 25.000 personas entre trabajadores y usuarios de los servicios judiciales, que estarán agrupados por áreas jurisdiccionales -penal, civil, mercantil, etcétera-.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio ayer inicio a los primeros trámites de la Ciudad de la Justicia con la remisión del anteproyecto de concesión de obra pública - que incluye información relativa a aspectos medioambientales- a la consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Madrid.
Una vez superada la primera fase del procedimiento, de tipo ambiental, el proyecto se someterá a información pública y posteriormente se sacará a concurso público el próximo año "con total transparencia y concurrencia".
Victoria ha explicado que las partidas económicas que actualmente dedica la Comunidad de Madrid al arrendamiento de sedes se dedicarán al pago de la Ciudad de la Justicia, cuyos inmuebles serán propiedad de la Comunidad de Madrid.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha explicado que el proyecto va a suponer además un impulso importante a la creación de empleo y la economía regional.
Además, ha considerado que un hipotético cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid no debería poner en peligro un proyecto reclamado por los profesionales desde hace décadas.
"Es un proyecto tan importante para la justicia no sólo madrileña, también española, que dudo mucho que en el futuro alguien quiera evitar esa unificación de sedes y plantee la dispersión actual", ha zanjado.
Diez años después de su lanzamiento original, el proyecto de la Ciudad de la Justicia retoma su avance tras un periodo en el que esta infraestructura estuvo parada con motivo de la crisis.
Todos los juzgados, cuyo diseño deberá realizar la empresa adjudicataria, van a estar perfectamente ordenados en función de su jurisdicción en una misma superficie de algo más de 200.000 metros cuadrados con edificios "modernos" y "funcionales".
El proyecto se financiará con el "mismo dinero" que actualmente la Comunidad de Madrid destina a los alquileres en un periodo de entre 30 y 40 años.
El presidente de la Comunidad de Madrid anunció en septiembre, durante el debate de estado de la región, el relanzamiento del proyecto, del que por el momento se ha construido el Instituto de Medicina Legal.
Entonces, González avanzó que la Comunidad retomaba con un concurso público este gran proyecto, que planteaba hasta 15 edificios en un área de 200.000 metros cuadrados y se abandonó en 2009 por la crisis económica.
Ahora, en lugar de desarrollar el proyecto a través de una sociedad o empresa pública -la empresa pública Campus de la Justicia fue disuelta recientemente-, la Comunidad convocará un concurso que se adjudicará en el primer semestre de 2015 y permitirá comenzar las obras de al menos una decena de nuevos edificios.
Según las previsiones, las obras generarán miles de puestos de trabajo directos e indirectos y reactivarán esta zona de Madrid.
Su coste se sufragará a través de un canon al que se destinarán los 40 millones que anualmente paga la Administración regional por el alquiler y mantenimiento de las sedes judiciales.
La nueva Ciudad de la Justicia contará con órganos judiciales conectados por fibra óptica, cámaras de videovigilancia y un aparcamiento con 2.500 plazas y albergará la Oficina de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y la del Instituto de Medicina Legal.

 









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