“Esto es lo que el IVIMA -Instituto de Vivienda y Suelo de Madrid- ha hecho con nuestras vidas: rodearlas de escombros, basuras y alimañas”, confiesa Miguel Ángel, quien ha vivido desde niño en el poblado de Canillas, junto a su madre, una mujer que ya sobrepasa los ochenta años de edad.
En las inmediaciones de las calles Boecillo, Castromonte, y Gomeznarro aún quedan en pie unas 30 casas, con sus respectivas familias, que malviven entre humedades y paredes que se caen a pedazos a la espera de que el IVIMA inicie la última fase de derrumbe y los realoje en una “vivienda digna” en su barrio de toda la vida, convertido hoy en un entorno maloliente, inaccesible e inhóspito. Y es que, “han pasado ya 7 años desde que se llevó a cabo la última demolición y se realojó a parte de las familias que vivían aquí en viviendas nuevas y equipadas, construidas por el IVIMA a precios asequibles”, explica Miguel Ángel, quien añade que la única solución que hasta ahora le ha ofrecido el Instituto es un piso en el barrio de La Ventilla, en el distrito de Tetuán, a precios de mercado; precios a los que una pensión de viudedad no puede hacer frente.
“Muertos en vida”
Por si fuera poco, “vivimos ante una bomba de relojería: un trasformador y unas antenas de telefonía, que ya han provocado cáncer a más de la mitad del vecindario”, concluye Miguel Ángel.
“La situación de los que aún quedamos aquí es lamentable; dormimos en charcos de agua, cocinamos entre ratas, pulgas y chinches y cuidamos a nuestros nietos con miedo a que en algún momento el techo ceda y nos mate a alguno de nosotros”, se lamenta una de las vecinas desesperada ante la mala salubridad del entorno y la pésima gestión del IVIMA, que “no aporta soluciones urgentes y factibles a una situación desesperada”.
Breve historia
Los Poblados de Absorción fueron creados con el fin de dar cobijo a la población chabolista que coronaba las afueras de la ciudad. El poblado de Canillas se creó junto con el de Manoteras, Villaverde y el de San Blas en la línea de la política de saneamiento urbanístico desarrollada, por aquel entonces, por el Instituto Nacional de la Vivienda, junto con la Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid (COUM). Viviendas económicas con unos mínimos de volumen y superficie, reducidos al máximo con la intención de abaratar aún más sus precios -unas 100 pesetas, lo que actualmente pagan sus vecinos por sus viejas casas-. Se construyeron con carácter provisional para dar respuesta a una emergencia social, previendo su amortización en 10 ó 12 años. Pasadas ya varias décadas, el grado de deterioro empujó, tanto a la Administración como a los propios vecinos, a comenzar el proceso de realojo; sin embargo, hoy en día no se ha completado y aún quedan al menos unas 30 familias en el antiguo poblado a las que el IVIMA no aporta ninguna solución, según afirman los afectados.
