«No le han dado los datos de los menas a la Delegación del Gobierno, sólo los que querían tutelar para que les dieran la tarjeta de residencia», ha declarado en el pleno de la Asamblea de Madrid durante la comparecencia de la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, para informar sobre este asunto.
La diputada socialista ha acusado al Gobierno regional de no dar esta información «para que no trascendiera que la Comunidad de Madrid era un destino masivo de estos menores y no provocar lo que la derecha extrema y xenófoba denomina el efecto llamada». «Al final, porque era muy tentador hacer oposición al Gobierno (nacional), esto les ha llevado a caer en su propia trampa», ha añadido.
Madrid es la única comunidad autónoma junto con La Rioja que no recibirá dinero para atender a los menas por parte del Gobierno nacional, que recientemente aprobó un real decreto para el reparto de 40 millones de euros con los que afrontar el incremento de la llegada a España de este colectivo.
Para ser beneficiarias de las ayudas, las autonomías deben haber reflejado un aumento de menores en el registro oficial del Ministerio del Interior en el periodo contemplado (desde el 31 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018) o haber acogido menores de otras autonomías. Ni Madrid ni La Rioja reciben ayudas porque no han registrado incremento de menas ni se han comprometido a acoger menores de otras comunidades, aunque hasta el 30 de septiembre según las cifras del Ministerio de Interior había 407 menas en la región madrileña.
La consejera, que ha comparecido a petición propia, ha reconocido que la acogida a los menas es una cuestión que no está «solventada» en la Comunidad de Madrid. «Echamos en falta colaboración del Gobierno de España para ponerle solución al fenómeno migratorio en todo el territorio nacional», ha declarado.
En su intervención ha recordado que el Gobierno regional se ha comprometido a crear 238 nuevas plazas de acogida de menores en la Comunidad de Madrid, de las cuales 78 serán de gestión pública y las 160 restantes serán concertadas con diferentes entidades sociales. Por el momento se han contratado con estas entidades 112 plazas por un importe de 1,3 millones de euros.
«Tenemos a disposición más plazas pero es necesario adaptar centros y contratar profesionales», ha apuntado.
Previamente, en una pregunta de la diputada del PSOE-M Carla Antonelli sobre esta misma cuestión, la consejera ha insistido en que «ninguna comunidad autónoma puede inscribir, actualizar ni consultar los datos» del registro de menas «por ser competencia del Gobierno de España».
Sin embargo, la parlamentaria socialista ha sostenido que la «obligación» del Gobierno regional es proporcionar a la Policía Nacional y al Ministerio Fiscal los actualización de los datos sobre la llegada de menas. Así consta en el protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menas aprobado en 2014 por el Gobierno nacional que ha mostrado en el pleno. «Vamos a enmendar los presupuestos para dotar de plazas y recursos dedicados a estos chicos, una competencia que han dejado en el más absoluto abandono», le ha dicho a la consejera.
