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04/07/2019 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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La Fundación Franco pide restituir los nombres de calles cambiados por Carmena

La Fundación Francisco Franco (FNFF) ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que cumpla el fallo judicial que desestimó el cambió de nombre de ocho calles y que restituya los de 44 que fueron cambiados de forma "improcedente y sectaria" por el anterior Gobierno local de Manuela Carmena.

En una carta remitida al nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la Fundación le pide además que ordene a los letrados del Ayuntamiento, que a juicio de la organización "obedecían órdenes de la anterior alcaldesa", desistir de los recursos interpuestos por el Gobierno municipal a las denuncias de la Fundación.  En su petición, registrada el pasado día 3, la FNFF recuerda a Almeida que en julio de 2018 la Justicia estimó en parte un recurso suyo presentado contra el acuerdo del Ayuntamiento que el 4 de mayo de 2017 decidía el cambio de nombre de 52 calles, plazas o travesías de la capital porque contenían reminiscencias franquistas.

El 30 de julio del año pasado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 de Madrid no avaló el cambio de denominación de ocho calles de Madrid decidido por el Gobierno de Carmena, pero sí aceptó el cambio de nombre de otras 44. Dicha sentencia estima el recurso de la Fundación respecto de las calles General Millán Astray, Hermanos García Noblejas, General Asensio Cabanillas, Caídos de la División Azul, Cirilo Martín Martín, "El Algabeño", Comandante Zorita y paseo del Doctor Vallejo-Najera. 

Ahora, la Fundación pide al alcalde que lleve a cabo la restitución de los nombres, habida cuenta de que -sostiene- el anterior Gobierno municipal "omitió su obligación de cumplir las sentencias judiciales" y no restituyó los nombres de dichas ocho calles. Acerca de los demás 44 nombres de calles, plazas o travesías, la FNFF dice que el Gobierno de Carmena las cambio "de facto", sin esperar a un procedimiento judicial. 

La semana pasada, el Gobierno de PP y de Ciudadanos al frente del Ayuntamiento anunció el cierre de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, creada por el Ejecutivo de Carmena, al considerar que no cumplía su función y que fue una "correa de transmisión de sectarismo político e ideológico" del anterior equipo. El Gobierno de Almeida precisó entonces, con respecto a los cambios hechos en el callejero de la ciudad en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que esperará a que haya sentencias para tomar decisiones, en todo caso con "afán de consenso" y sin usar tales nombres como un "arma arrojadiza" y de "revanchismo".









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