Los tres médicos, dos enfermeras y la jefa de del servicio médico de la empresa que gestionaba la atención sanitaria en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid) han sido imputados por la muerte de Samba Martine, fallecida el 19 de diciembre de 2011 tras quejarse en numerosas ocasiones de problemas de salud, según publican varios medios.
La causa fue archivada poco después de su muerte, pero este enero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura de la causa penal por la muerte de Samba Martine, estimando así los recursos interpuestos por la familia de la fallecida y por las acusaciones populares ejercidas por SOS Racismo Madrid, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).
Samba Martine llegó al CIE de Madrid el 12 de noviembre de 2011 procedente del Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla, donde le habían realizado analítica de VIH que dió positivo.
En los 38 días que permaneció encerrada en el CIE de Aluche requirió asistencia médica al menos en diez ocasiones, sin que en ningún momento se le practicara prueba diagnóstica alguna tendente a averiguar su mal estado de salud, según han señalado los recurrentes. El juez considera que la investigación se archivó indebidamente, sin indagar los múltiples indicios de posible responsabilidad penal por parte del servicio médico del CIE.
Para valorar si contamos con el material probatorio necesario Se valora, entre otras cuestiones, que el examen médico inicial que según la normativa vigente debe practicarse al ingreso y en el cual se señala que Samba Martine estaba "bien", "no parece comparecerse con los requerimientos del precepto", máxime cuando ese mismo día la fallecida acudió a los servicios médicos por encontrarse mal.
El auto de reapertura del caso valoraba la existencia de testigos que atestiguarían que llevaba tres semanas enferma con importantes padecimientos. Además, la historia clínica manuscrita no coincide con el informe remitido por los servicios médicos, contradicciones que, según la Audiencia, "aparentemente tratan de ocultar el conocimiento por parte del personal médico de síntomas relevantes que debieran haber hecho pensar la existencia de padecimientos graves y no fueron tomados en consideración", etc.
El órgano judicial afirma que aunque no es aún momento procesal para condenar o absolver, sí lo es "para valorar si contamos con el material probatorio necesario para conocer lo realmente ocurrido que permita, en conclusión, un pronunciamiento sereno sobre si existió, o no, responsabilidad penal del personal facultativo del CIE".
"Y ello porque si este personal hubiera dejado de indagar suficientemente las causas del mal estado de la interna, dicha insuficiencia pudiera haber transformado el riesgo de morir de una infección, en un riesgo que rebasa las fronteras de riesgo permitido, en un riesgo prohibido e imputable a los facultativos en cuestión", ha indicado el magistrado, que concluye que "es posible que así ocurriera", por lo que revoca el sobreseimiento y ordena al Juez Instructor que continúe la investigación.
Internamiento inconstitucional
Las asociaciones recurrentes han valorado "muy positivamente" la resolución ya que recuerdan que cuando alguien está bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "según reiterada jurisprudencia constitucional, existe un especial mandato de investigar, de agotar cuantas posibilidades razonables de indagación resulten útiles para aclarar los hechos".
"Cuando el Estado priva de libertad a una persona se convierte en garante de sus derechos, de forma destacada de su vida y su salud. El caso de Samba Martine, lejos de ser una excepción, demuestra que el Estado no está garantizando los derechos de estas personas, por lo que su internamiento es inconstitucional y los CIE deben cerrarse", han concluido las asociaciones Pueblos Unidos, SOS Racismo Madrid, Comisión Cerremos los
