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SOS denuncia que el CIE de Aluche vulnera los derechos de los internos

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La ONG ha elaborado un informe a partir de las visitas realizadas entre 2014 y 2017 a 843 internos del CIE de Aluche, la mayoría procedente de Marruecos y Argelia. Para SOS Racismo los CIE continúan funcionando «como una extensión de las fronteras» que prolonga «el sufrimiento» de los migrantes, al incumplir la normativa de regulación de estos centros de forma constante.

Las notificaciones de expulsión no se informan con 12 horas de antelación, no se les entrega un informe médico tras la asistencia sanitaria, y no se les facilita el acceso al derecho de asilo, como incluye la normativa, según la ONG. En el análisis, SOS Racismo señala que se constata una disminución de las expulsiones del CIE de Aluche, descienden internamientos entre 2014 y 2016, pero hay un «importante aumento» en 2017.

Esa disminución de las expulsiones desde CIE fue acompañada «de un incremento masivo de las deportaciones exprés» que se ejecutan en menos de 72 horas desde los calabozos de las comisarías «sin apenas tiempo para formalizar recursos jurídicos», subraya la ONG.

«Esta tendencia a incrementar una práctica eficaz en términos de deportación, opaca y menos garantista y controlada no es más que una tendencia a la deshumanización», indican en el informe. El «repunte» de 2017 en los internamientos y expulsiones desde los CIE, revela, según SOS Racismo, que el sistema de expulsión se mantiene «alternando y combinando» estas dos vías.

De las personas visitadas la ONG coteja que disminuyen las detenciones por solicitud de documentación en espacios públicos, en favor de internamientos tras detenciones en la frontera. En este sentido, la evolución de los internamientos derivados de la detención en frontera para las personas visitadas por SOS Racismo correspondía en 2014 al 11%, en 2015 al 13%, aumentando en 2016 hasta el 40%, y llegando ya al 55% en 2017.

La mayoría de los autos de internamientos de las personas acompañadas han sido dictados en Andalucía, por lo que muestra «que las personas internadas en el CIE podrían venir directamente detenidas en el momento de llegada». «Estos hechos ponen de manifiesto cómo los recursos presupuestarios se destinan a la expulsión y la exclusión en lugar de favorecer la protección social, la participación ciudadana o la inclusión».

La ONG insiste en que este análisis confirma que los CIE «forman parte de una estructura que construye una sociedad racista que segrega, excluye y genera violencia sobre las personas migrantes». «No se trata de mejorar los CIE ni de abrir nuevos, sino de un cambio en los paradigmas de la política migratoria en la que no haya que encerrar a personas por encontrarse en una situación administrativa irregular, una política que provea de derechos a las personas y que no prive de ellos», recalcan.

Asimismo, la ONG indica que en este periodo se han desarrollado al menos 15 huelgas de hambre en señal de protesta por el internamiento, las condiciones de ésta o la posible deportación, así como 7 intentos de suicidio y 11 intentos de fuga.

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