Las comisiones judiciales paralizaron en la mañana del 8 de mayo, dos órdenes de desahucio de dos mujeres y sus hijos, menores de edad, de sus respectivas viviendas, ambas ubicadas en el madrileño distrito de Latina. En los dos casos, las autoridades han estimado suspender el lanzamiento al no garantizarse una alternativa habitacional para las familias.
El primero de los desalojos estaba previsto que se ejecutase a las 7:30 horas en el número 6 de la calle San Eusebio. En dicho inmueble, Carmen y su hijo de tres años residen en una vivienda protegida propiedad de la entidad BBVA. Integrantes de colectivos antidesahucios -la Coordinadora de Vivienda y Stop Desahucios Latina- se personaron en el lugar, junto con el propio concejal presidente del distrito, y candidato a la Alcaldía de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Éste había remitido un escrito al BBVA para informar de que la familia sobre la que recaía el desahucio no contaba con una solución habitacional ni posibilidad de utilizar una red familia para proveerse de techo temporalmente.
“El SAER nos informa que la única alternativa habitacional existente es acudir a un albergue de emergencia de forma temporal, donde dicha familia tendría que convivir con más personas. Esta opción no es lo más adecuada para que esté un niño de tres años”, explicó el representante del Gobierno local al tiempo que exigía la paralización del desalojo. Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia número 32 de la capital, que llevaba el caso, ha suspendido el lanzamiento al entender que “existía una situación de extrema vulnerabilidad de menores”.
El segundo intento de desalojo estaba previsto a las 9:00 horas, en la calle Villagarcía número 1. En dicho edificio vive con sus hijos de 2 y 4 años una mujer con un contrato de alquiler desde el 1 de junio de 2015. Según las plataformas contra los desahucios, el piso fue embargado por el mismo banco “y a día de hoy no tenía alternativa de una vivienda digna ni por el banco y por el IVIMA o la EMVS”. Asimismo, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) se envió un dictamen a España para que se procurase una alternativa habitacional. En este sentido, los colectivos presentes denunciaron que “el Juzgado de Primera Instancia número 31 incumple el convenio internacional con la ONU y decide ejecutar”.
