La reciente filtración de las conversaciones de cabina del vuelo JK5022, siniestrado en Barajas en agosto de 2008 y que costó la vida a 154 personas, ha provocado la discusión sobre si en los accidentes aéreos debe primar la confidencialidad o la libertad de información. En este contexto, tanto las asociaciones de aerolíneas como los pilotos del sindicato Sepla apuestan por la primera opción. De esta forma, hoy han exigido a Aviación Civil que introduzca los cambios “necesarios” para garantizar de manera efectiva la confidencialidad en la información sobre accidentes aéreos.
En un comunicado conjunto, la Asociación de Compañías Españolas del Transporte Aéreo (Aceta), la Asociación Española de Compañías Aéreas (Aeca) y el Sepla han recordado que la información registrada en los vuelos debe servir "únicamente" para mejorar la seguridad operacional y denunciaron su "profunda preocupación" por la reiteración de este tipo de filtraciones, cuyos responsables parecen actuar "con total impunidad".
"La filtración de este tipo de información confidencial merma la confianza de los profesionales en el sistema, y puede dificultar en el futuro a los investigadores obtener con la necesaria confidencialidad una información exhaustiva, fidedigna y completa sobre los factores que contribuyen a los accidentes".
En esta línea, han señalado que "con este único propósito los profesionales ceden su derecho constitucional a la intimidad dejando que se graben sus conversaciones en la cabina".
Las asociaciones firmantes consideran de "vital importancia" para la investigación de accidentes e incidentes garantizar la "absoluta independencia" de las Comisiones de Investigación e instaron a la Administración a "instrumentalizar los medios necesarios" para que su trabajo pueda realizarse "libre de injerencias".
Según los firmantes, la publicación de estas conversaciones se debe a la filtración "indebida" de su grabación por personas que, habiendo tenido acceso a ellas, tienen la obligación legal de tutelarlas y garantizar su confidencialidad.
"Los datos registrados en los vuelos, entre los que se incluyen las grabaciones en cabina, son estrictamente confidenciales, y su uso, según la Ley de Seguridad Aérea, debe ceñirse a la investigación técnica desarrollada por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), a menos que dicha información sea requerida por los órganos judiciales o el Ministerio Fiscal para la investigación o persecución de delitos", señala la nota.
Por esta razón, han exigido a la Administración a mantener las conversaciones oportunas para abordar este tema y contribuir así a la mejora de la seguridad, en beneficio de los usuarios del transporte aéreo, ya que el "uso indebido" de la información sobre un vuelo "sólo contribuye a desvirtuar la investigación y, en última instancia, perjudicar a la seguridad".
