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28/12/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Ana Botella y sus concejales deberán pagar 23 millones por vender pisos públicos a 'fondos buitre' por debajo del precio de mercado
El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa y a los miembros de su equipo de Gobierno por la enajenación de cerca de 2.000 viviendas públicas por debajo de su precio de mercado

El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, y a parte del que fuera su equipo de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del ‘fondo buitre’ Blackstone a un precio por debajo del mercado. Según el fallo al que ha tenido acceso Cadena Ser, el núcleo duro de la entonces regidora de la capital -incluida ella- enajenó miles de inmuebles de titularidad municipal a la citada compañía por 128,5 millones de euros, cuando según cálculos del órgano fiscalizador la cuantía a percibir debería haber ascendido a más de 151 millones de euros. Por ello, el tribunal ha condenado a los partícipes de dicha operación a responder solidariamente al pago de 23 millones de euros por el perjuicio ocasionado a las arcas municipales

La sentencia, contra la que cabe recurso, se dicta un año después de que el Ayuntamiento de la capital demandase a la anterior corporación a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ante las sospechas de que la operación de venta de viviendas a Fidere, filial de Blackstone, pudiese suponer un menoscabo del dinero de todos los madrileños. Ahora, el auto concluye que Ana Botella, junto a varios miembros de su Ejecutivo: la exdelegada del Gobierno, Concepción Dancausa, José Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito, María de la Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral, y al entonces consejero delegado de la EMVS, Fermín Osle, “incurrieron en una negligencia grave” al “no impedir el perjuicio en el patrimonio público”. 

El órgano fiscalizador interprepeta que durante el proceso de enajenación se obviaron los controles pertinentes, del que determinados actores se beneficiaron. Y es que según el fallo, hubo información privilegiada al fondo de inversión, llegándose incluso a pagar dos millones de euros a una empresa que sirvió de intermediaria en la operación de compraventa, sin que ni siquiera se haya podido probar su participación en el procedimiento. Llegados a este punto, el escrito indica que “se articuló sin la elaboración de los oportunos pliegos administrativos, sin la perceptiva publicidad y concurrencia y, sobre todo, sin la previa fijación de un precio inicial de referencia basado en una tasación o en un estudio previo adecuado sobre el valor de los inmuebles enajenados”. 

En este sentido, el tribunal señala que ni ese Gobierno ni la mandataria “realizaron la supervisión de la gestión contable ni presupuestaria que tenían encomendada tanto por la normativa mercantil como por el derecho público. Tampoco dieron instrucciones a los gestores de la sociedad -la EMVS- para corregir las actuaciones que se alejaran de los requisitos jurídicos propios de una buena gestión financiera”.

Y es que el duro varapalo en la gestión del anterior Ejecutivo en lo concerniente a la gestión del parque de viviendas ha sido también recriminado por la institución encargada del enjuiciamiento de la responsabilidad contable al destacar que “resultaría jurídicamente inviable y socialmente indefendible que pudiera cobrarse un determinado precio máximo por la compra de un inmueble a una persona amparada por un régimen de protección social derivado de su situación de escasez patrimonial y, sin embargo, pudiera cobrarse un precio inferior por ese mismo inmueble a personas físicas o jurídicas que no gozaran de esa protección social al ser su situación financiera sostenible”.

Ya en el año 2016, la Cámara de Cuentas alertó de irregularidades en las que se pudo incurrir en el proceso de venta de vivienda pública. Ahora la sentencia admite dicho argumento. Asimismo, el órgano fiscalizador se detiene en otra polémica decisión de la EMVS adoptada el 31 de octubre de 2013, cuando el consejero delegado de la empresa municipal accedió a una rebaja en el precio inicial de las 18 promociones de viviendas al ya mencionado ‘fondo buitre’ de dos millones de euros. 









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