La delegada del área de gobierno de Hacienda y Administración Pública, mediante decreto de fecha 26 de Abril de 2012, ha aprobado la Instrucción 3/2012 donde se establecen una serie de medidas en el ámbito de la contratación, tendentes a conseguir la contención del gasto.
“Tras varios lustros de una gestión basada en el despilfarro y derroche del dinero de todos los madrileños y madrileñas, por fin parece que el gobierno municipal ha tomado conciencia de las numerosas deficiencias del procedimiento de contratación, y ha decidido regularlo de forma más precisa”, asegura la concejala socialista Ana de Sande.
“Durante muchos años con mayorías absolutas –añade la edil-, los gobiernos municipales se han acostumbrado a no escuchar las numerosas denuncias que desde la Comisión de Vigilancia de Contratación (organismo en el que esta concejala es portavoz por el PSOE) han realizado los grupos de la oposición”. En estos momentos, con la crisis económica, entiende de Sande que “no les ha quedado más remedio que adoptar las medidas que antes no quisieron escuchar, para mejorar la eficacia y eficiencia en la contratación y de paso conseguir un importante ahorro económico”.
Ahora quieren fomentar la concurrencia de licitadores en los procesos de contratación, cuando antes la limitaban imponiendo condiciones restrictivas, como por ejemplo pedir acreditar la solvencia económica y financiera con un volumen de negocios muy superior al precio del contrato.
Ahora exigen que previamente se justifique objetiva y suficientemente la necesidad de llevar a cabo la contratación, mientras que antes no se fundamentaba.
Ahora se pide un estudio previo que acredite la viabilidad posterior de las inversiones, cuando en años anteriores se han gastado millones de euros en obras como, por ejemplo, el Palacete de la Quinta de los Molinos, que después se han dejado cerrados y sin uso alguno.
Ahora no se podrán externalizar los servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia, cuando precisamente la externalización de esos servicios adjudicados a dedo y generalmente improductivos, había sido lo normal esos últimos años.
Ahora se prima el procedimiento abierto sobre el resto de procedimientos, cuando “año tras año –subraya la concejala del PSOE- en la Comisión de Vigilancia de la Contratación se ha denunciado el abuso del gobierno municipal con los procedimientos negociados sin publicidad y con los contratos menores, estos últimos fuera del control de esa Comisión”.
Ahora se da prioridad al precio del contrato con una ponderación de al menos del 65% del total de la puntuación, cuando anteriormente en algunos procedimientos se han llegado a despreciar bajadas del precio al negarle puntuación alguna.
“Parece que ahora la crisis económica ha obligado a adoptar algunas de las medidas largamente demandadas desde los grupos de la oposición, para intentar poner coto al despilfarro del gasto del Ejecutivo de la ciudad, que ha llevado a las arcas municipales a una situación insostenible”, resume la edil.
Y concluye aseverando que “desde el grupo municipal socialista consideramos positivas las medidas adoptadas en este decreto, aunque creemos que son insuficientes y que se debería de haber aprovechado para profundizar más en alguna de ellas y para regular mejor y de forma más precisa la fase de ejecución de los contratos y su posterior recepción por el Ayuntamiento. Y, sobre todo, creemos que llega demasiado tarde y el dinero que se ha despilfarrado no va a volver al Ayuntamiento”.
