La Audiencia Nacional rechaza las acusaciones del PP, que defendía la existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por la firma del contrato que cedía la gestión del servicio de bicicletas a la entidad Bonopark S.L. a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a cambio de 10,5 millones de euros y donde el PP apreciaba sobrecostes. La querella fue admitida a trámite en febrero de 2018 en el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, que en mayo acordó el sobreseimiento de las diligencias por «no resultar debidamente justificada la perpetración del delito», una decisión que recurrió el PP y que ahora avala la Audiencia Nacional.
En su auto, fechado el 14 de octubre y al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Nacional señala que, en base a un informe pericial, «el precio pagado, de 10 millones y medio de euros, es acorde y ajustado al contrato celebrado». Además, descarta el delito de prevaricación, que requiere de una «ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa» y señala que es «es claro que ni la injusticia ni la arbitrariedad puede venir dada por no haberse llevado nunca antes una cesión de negocios entre una empresa municipal y una empresa privada» ni por omitir un informe no preceptivo.
En el auto se hace referencia a un informe aportado por el PP que «revela la mala situación económica financiera de Bonopark» y las «dudas» sobre su capacidad «para cumplir sus compromisos al tiempo de serle adjudicado el contrato» y califica de «lógica» la preocupación del Ayuntamiento y de Sabanés por «garantizar la continuidad en la prestación de ese servicio». «La solución adoptada», agrega la Audiencia Nacional, «no parece responder a un interés arbitrario o particular, ajeno al interés público, de ninguno de los querellados».
Además, se avala la figura del Ayuntamiento como proveedor de fondos de la EMT, señalando que la Unión Europea no prohíbe la contratación doméstica y que «la aplicación de las normas de contratación pública no debe interferir con la libertad de los poderes públicos para ejercer las funciones de servicio público (…) utilizando sus propios recursos». La coportavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha señalado en Twitter que se «cierra» la «vergüenza» de una «querella chapucera que no tenía más objetivo que frenar el proceso de municipalización» y que señala como «construida por el PP y Ciudadanos y apoyada por algunos medios de comunicación».
Por su parte el exgerente de la EMT ha señalado en Twitter que está «feliz» porque se archiva definitivamente un caso que a su juicio «nunca existió y que solo sirvió como arma política» y señala que el tribunal «pone en valor que se actuó en todo momento de forma correcta en pro del interés general». Recientemente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que su equipo estudia la privatización de Bicimad y otros servicios municipalizados por el anterior Gobierno.
