Así lo expone la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el estima el recurso interpuesto por Rommy Arce contra el auto de procesamiento por injurias dictado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid. La Sala revoca ese auto y sobresee la causa contra la exconcejal del equipo de Manuela Carmena, a pesar de que recientemente, el pasado 2 de octubre, el Juzgado de Instrucción dictó apertura de juicio oral contra Arce y contra otras tres personas -entre ellas el presidente del gremio de manteros, Malick Gueye- por injurias a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La Fiscalía pide para ella 5.760 euros de multa, en la causa originada por las demandas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificiada (APMU) y los sindicatos CPPM, UPM y CSIT tras los tuits escritos por Arce. Arce escribió el mismo 15 de marzo de 2018, unas horas después de la muerte del mantero Mmame Mbaye en el barrio de Lavapiés y cuando empezaron a producirse disturbios por parte de personas que atribuyeron su muerte a una persecución policial, que luego se descartó: «Lucrecia Pérez, Samba Martine… hoy Mbaye. Los ‘Nadie’ víctimas de la xenofocia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame es ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo».
Al día siguiente publicó: «Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a los migrantes. No más persecuciones políticas en nuestros barrios».
La Audiencia Provincial entiende ahora que los mensajes impugnados suponen «la expresión de una posición de la recurrente respecto de la política general en materia de inmigración y extranjería y aun una crítica al sistema social o a la economía de mercado». «No se atribuye en ningún momento a la Policía, ni en su conjunto, ni a concretos agentes, la muerte del Sr. Mbaye, ni se atribuye a alguno de los funcionarios integrantes de dicho cuerpo una concreta conducta directamente relacionada con el fallecido», añade el auto, que precisa que «es cierto que se hace referencia a la ‘persecución’ y al ‘hostigamiento’ policial y se pide que cese, pero no se dice que la muerte del Sr. Mbaye hubiere sido consecuencia directa de alguna práctica policial».
Sostiene que las afirmaciones vertidas en los tuits «forman parte de la expresión de una persona dedicada a la política sobre una cuestión política de actualidad en su momento, que representa su toma de posición relativa a un problema social en relación con un concreto evento de trascendencia colectiva». Incide la Sala en que el derecho a la libertad de expresión «ampara por tanto a la querellante para difundir su opinión relativa a los hechos ocurridos».
Este auto es recurrible ante el Supremo, una opción que se plantea la Asociación de Policía Municipal Unificada, que lo considera «aberrante» porque no tiene en consideración el contexto en el que Arce escribió los tuits. El presidente de APMU, Carlos Bahón, ha incidido en declaraciones a EFE en que esos mensajes se publicaron poco después de la muerte de un mantero, que provocó graves disturbios en el barrio de Lavapiés que «se podrían haber evitado si Arce y otros políticos no hubieran hecho declaraciones que relacionaban ese fallecimiento fortuito con violencia policial».
