La decisión judicial se toma ante la tramitación del recurso de amparo presentado por la defensa en el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de las penas. De esta manera, el órgano de la capital ha emplazado a los encausados que no interpusieron recurso y a la acusación a comparecer ante el Constitucional en un plazo de diez días.
El despacho de Miguel Durán (Durán Abogados) ejerce la defensa de los penados y en el escrito que acompaña al recurso se expone que se habría infringido gravemente el principio acusatorio por parte del Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación y haber realizado una valoración de los hechos para condenar sin haber oído a los acusados.
A los acusados se les condenó por un delito de desórdenes públicos en concurso ideal con el de impedimento del derecho de reunión a la pena de 2 años y 10 meses de prisión, con la concurrencia de la agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica, a quienes, en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, se les impuso por este hecho 6 meses de prisión. Además se les penó también por un delito de daños ocasionados en bienes de propiedad pública 1 año y un mes de prisión y multa de quince meses al concurrir según el Tribunal Supremo la agravante de actuar por motivos ideológicos discriminatorios y la atenuante de reparación del daño.
El grupo de extrema derecha causó serios desperfectos en el centro y el propio Tribunal Supremo modificó las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que se podía aplicar el agravante de obrar por motivos de discriminación ideológica.
De esta manera, las condenas pasaron de los seis y ocho meses de prisión por el delito de desórdenes públicos hasta las penas actuales, que oscilan entre tres años y once meses y cuatro años y dos meses. «Mientras que a los que patriotas que defendemos la unidad de España y siglos en común de Historia nos ha mandado a prisión, a los que pretenden separarnos, a los que quieren separar a unos españoles de otros seguir ocupando públicos y desafiando al Estado con total impunidad, sin que la Justicia actúe contra ellos», respondía uno de los integrantes condenados y presidente del colectivo, Manuel Andrino.
