La plataforma de coche compartido BlaBlaCar se somete a su primer juicio y será en el capital. Representantes de la empresa tendrán que responder a las preguntas dl titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid para evitar la suspensión cautelar de su actividad en España. Esta suspensión ha sido solicitada por la patronal de empresas de transporte en autobús Confebús en la demanda que interpuso en agosto contra la plataforma por "competencia desleal".
La plataforma y Confebús están citados a una vista ante el juez Andrés Sánchez Magro para que éste, una vez escuche a ambas partes, dirima sobre la solicitud de cierre en las próximas semanas. Se trata del primer paso del juicio en el que, posteriormente, ahondará sobre la demanda por supuesta "competencia desleal”. En su demanda, Confebus denuncia que la plataforma realiza labores de intermediación en contratación de transporte sin tener la correspondiente autorización para ello. La patronal se basa en la tasa de gestión que cobra a quienes la utilizan su web para compartir viaje.
Sin intermediación, sino gestión
BlaBlaCar rechaza la acusación al asegurar que no intermedia servicios de transporte profesional, sino que gestiona un intercambio de información entre conductores y viajeros. De hecho, defiende que no es un intermediario, sino una red social que conecta a particulares que buscan un compañero de viaje "sin ánimo de lucro", sólo para compartir gastos.
En este sentido, la plataforma asegura contar con mecanismos suficientes para garantizar que los conductores y los viajeros que contactan a través de ellos no se lucran con los viajes. BlaBlaCar dice que tiene un equipo de medio centenar de profesionales dedicados a controlar que quienes comparten coche a través de su web no obtienen beneficios. En caso de que detecten algún caso de lucro, el usuario es expulsado de la plataforma.
España, donde BlaBlaCar asegura contar con 2,5 millones de usuarios desde su implantación en 2010, es el primer país en el que se afronta una denuncia ante los tribunales de entre los 19 países en los que está presente. El juez que dirimirá en este litigo es el mismo que en su momento decidió suspender la actividad de Uber, si bien en este caso la plataforma es de transportes urbanos en la que los conductores sí obtienen un beneficio.
La compañía de economía colaborativa confía en la Justicia y considera que su actividad "responde a las necesidades de los usuarios españoles". De hecho, asegura que ha sido "fomentada y respaldada" en otros países como Francia y Alemania, donde compartir coche está mucho más extendido, y donde se reconoce su contribución a la cohesión y a la eficiencia energética.
