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18/10/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Un bufete de abogados recibió datos bancarios de sus competidores de manos de Villarejo
El excomisario José Villarejo reveló a unos clientes de un bufete de abogados para los que realizaba labores de espionaje datos bancarios de un competidor y les avisó de que su obtención había sido ilegal: "Esto que os hemos enseñado no existe".

Así se refleja en la conversación grabada de una reunión entre Villarejo y su socio Rafael Redondo con los clientes del despacho Herrero y Asociados, que contrataron los servicios del excomisario para obtener información de unos socios minoritarios del despacho que habían fundado otro bufete usando en teoría información privilegiada.

Esta conversación la refleja la Fiscalía Anticorrupción en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, remitido al juez del caso Tándem, Diego de Egea, pidiéndole que de marcha atrás al levantamiento de la imputación de los exsocios del bufete que contrataron a Villarejo, ante nuevos indicios que apuntalarían la tesis fiscal de que conocían que sus actividades eran ilícitas.

Concretamente, el juez archivó la causa para Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno al entender que Villarejo no les dijo cuáles iban a ser las técnicas que iba a usar para investigar a sus competidores. Sin embargo, los fiscales alegan en su escrito que nuevas grabaciones encontradas en el registro al domicilio de Redondo ponen de manifiesto que esto no es así, y reproducen algunas de ellas.

Como la celebrada el 16 de enero de 2014, en la que participan Villarejo, Redondo, Medina, Moreno y una quinta persona a la que la Policía no ha conseguido identificar. En ella, Villarejo y su socio hablan de movimientos bancarios de un exsocio del bufete que se había ido al nuevo despacho, y tras exponer varios ingresos y extracciones de efectivo que había hecho, el excomisario advierte a sus clientes de que lo que les estaba enseñando "no existe". "Esto no existe", insiste entonces Redondo, y Villarejo añade, entre risas: "No os lo estamos enseñando".

Cuando Ángeles Moreno pregunta de qué banco se trata, su compañero de despacho Álvaro Martínez contesta: "¿Es el BBV, no?, a lo que asienten Villarejo y Redondo, añadiendo que son datos de una sucursal de la entidad en la madrileña calle Alcalá. "Hemos hablado... la hemos hablado a BBV y tenemos una relación muy tal con el BBV", dice entonces Villarejo, y Redondo explica luego que la investigación se desarrolla en dos fases y que aún están en la primera de captación de información, "que lleva tiempo, sobre todo por la dificultad que tenemos de estas verificaciones".

Redondo también hace ver a los clientes que es difícil obtener esta información porque en los últimos años de crisis los medios habían cambiado: "Ha habido operaciones policiales, detectives detenidos y todo esto... y digamos que la materia prima nuestra empieza a escasear y cuesta mucho más obtenerla". "¿Podríamos tener algún riesgo de haber utilizado algún método un poco...?", pregunta más tarde Martínez a Villarejo, que le intenta tranquilizar: "No, porque no, no... no consta". "Es la Policía", dice entonces el interviniente desconocido, y Redondo apuntala: "No os habéis venido a trabajar con nosotros para tener ese riesgo". "Nosotros tenemos muy mala memoria", añade Villarejo.

Esta no es la única reunión grabada con los exsocios del despacho y en otra del 11 de marzo del mismo año, Martínez deja de nuevo entrever que sabía que las actividades del excomisario eran ilegales: "¿Se podrá hacer uso de esa información que sabemos que hay pero que no se puede saber que hay?", pregunta a Villarejo.

Los fiscales califican estas nuevas conversaciones de "muy clarificadoras sobre el carácter ilegal de las técnicas de investigación" del excomisario, "que se llevaron con pleno conocimiento y aquiescencia", dicen, de los exsocios del bufete. La contratación de Villarejo, en prisión desde hace un año por el caso Tándem, por parte de estas personas conforma una de las piezas de esta causa, la llamada Iron, en la que actualmente no están imputados los exsocios del bufete, una decisión de archivo que ha sido recurrida por la Fiscalía.









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