La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha calificado de "efecto indeseable" las sanciones que se están poniendo a las mujeres que son víctimas de la trata de personas y a las prostitutas como consecuencia de la ley de Seguridad Nacional. "Multarlas no es la solución", añadió la regidora, quien apostó por "ir al origen y perseguir a los tratantes". La alcaldesa se ha reunido esta mañana con representantes de la Asistencia Integral de las Víctimas de Trata (APRAMP) por "la "preocupación que compartimos ante una ley que castiga a las víctimas de explotación sexual".
Conocida como ‘Ley Mordaza’, la nueva legislación entró en vigor el pasado 1 de julio, y ya ha empezado a poner multas. Las primeras se han impuesto en la Colonia Marconi a una mujer que vulneraba, según la ley, el artículo 37.5 por "exhibición obscena del cuerpo desnudo y de las partes más íntimas", Carmena sostiene que el castigo a "las víctimas de la esclavitud del siglo XXI es una lamentable respuesta".
Carmena abogó por una política que no sancione a estas mujeres, "porque sólo empeora el problema y no aporta soluciones". "Hay que sensibilizar a la Fiscalía General para que ponga en marcha las medidas que existen para perseguir a los traficantes de personas". Insistió en la necesidad de investigar a este tipo de mafias mediante los procedimientos que la ley "desde intervenciones telefónicas, pruebas fotográficas y otras". Apuntó que las "personas obligadas a la explotación sexual viven "con miedo y en la oscuridad. No tiene sentido pedirles que aporten pruebas, porque obviamente no llevan un carné que las identifique".
Los castigos económicos de esta clase de infracciones, según recoge la Ley Mordaza, oscilan entre los 100 y los 600 euros. Se plantean sanciones de hasta 30.000 euros para los consumidores de prostitución.
APRAMP
APRAMP nació hace 25 años con el objetivo de que las personas que sufren explotación sexual y trata de seres humanos recuperen la libertad y la dignidad haciendo valer sus derechos, lo que contribuye a prevenir y erradicar la explotacio´n sexual y la trata. Están presentes en seis comunidades autónomas. Cuenta con servicios de atención en Madrid, Salamanca, Asturias, Almería, Murcia y Badajoz.
Los responsables de APRAMP afirman que la mayor parte de las personas que se encuentran en situación de prostitución sufren explotación y viven en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad. En la última década, la asociación ha constatado que "el engaño y la coacción, el abuso, la violencia y la falta de libertad en la práctica afectan a un 90% de las personas a las que la organización tiene acceso". /
