La propuesta de un «laboratorio de investigación sobre el Derecho» ha sido aceptada por el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, para quien la abogacía madrileña tiene «muchas ideas» que aportar sobre «cómo mejorar el sistema jurídico» y puede «participar en la elaboración normativa que se hace en el Ayuntamiento».
La alcaldesa, tras recibir un diploma del ICAM por sus 50 años como colegiada, ha asegurado que la vocación de toda norma «es que se cumpla por convicción», y que la finalidad de las sanciones no es «afán recaudatorio», sino «modificar actitudes», en su intervención en el III Foro de Justicia.
Carmena citó como ejemplo las multas de 700 euros que impone el Ayuntamiento por orinar en la calle, y la posibilidad de sustituir el pago por varios fines de semana limpiando calles, tras recibir primero una clase teórica, «una alternativa muy interesante» que se ha «ofrecido a un número muy importante de personas».
De ahí la intención de cambiar el procedimiento sancionador del Consistorio, y en esa línea, la alcaldesa dijo «echar de menos alguna investigación con el mundo del Derecho, un laboratorio» en coordinación con el Colegio de Abogados, para conocer cómo están funcionando las normas, cómo los ciudadanos las perciben y cómo se cumplen.
Carmena alabó «el salto extraordinario» que supuso la Ley del Procedimiento Administrativo de 2015, al plantear en el artículo 133 la importancia de la «consulta pública y la participación ciudadana», para conocer la conveniencia de la norma y qué se pretende solucionar. «Empezamos con torpeza», según Carmena, pero ahora la web Madriddecide.es está sirviendo de ejemplo para otras ciudades del mundo.
Ha lamentado la «poca participación» popular, siendo la Ordenanza de las terrazas las que más comunicaciones ciudadanas obtuvo, «ciento y pico», por lo que «hay mucho que hacer». La crítica ciudadana es «un bálsamo, una necesidad» para los legisladores, que la gente «nos haga saber que nos equivocamos», añadió Carmena. Pero «no con una burla, un chiste o un tópico, sino una crítica real», por lo que el poder judicial debe seguir trabajando «en comunicación a la ciudadanía».
A su juicio, «la democracia tiene que basarse en una estructura normativa», como dos platillos de una balanza, y considera «apasionante» ver por dónde tiene que evolucionar la democracia en el siglo XXI, con una «mayor participación ciudadana en la elaboración de las leyes».
«¿Por qué no profundizan desde las cámaras en hacer estudios sociológicos» para legislar mejor?, preguntó Carmena para quien «el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) debería estar en las cámaras legislativas, en el seno del poder legislativo», y no aislado de este. De cara al futuro, Carmena ve en el panorama político municipal una evolución con «más agrupaciones ciudadanas», de personas comprometidas que se aúnan en asociaciones «más horizontales», por lo que «Madrid está en la cúspide del progreso» en esa materia.
