En el pleno de ayer, miércoles 28 de febrero, fue aprobada por unanimidad una proposición presentada por Ahora Madrid y el Grupo Municipal Socialista que amplía los casos considerados como asesinatos por violencia machista y que hasta ahora no se contabilizaban y quedaban fuera de los protocolos de rechazo y condena.
En concreto, se incluyen en este ámbito los asesinatos cometidos en contexto de violencia sexual y prostitución, los menores asesinados por sus progenitores o las víctimas indirectas de violencia machista. De esta forma se amplía el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul, el marco jurídico de mayor relevancia internacional en la materia.
Esta decisión implica, por un lado, la puesta en marcha del protocolo de condena en todos estos casos que antes quedaban fuera: la condena en la página web y en las redes sociales del Ayuntamiento de Madrid, en el caso de las víctimas de fuera de la Comunidad de Madrid; la condena y un minuto de silencio, en el caso de las víctimas de la Comunidad de Madrid, y la condena, el minuto de silencio y tres días de luto, en el caso de las mujeres asesinadas que fueran vecinas de la ciudad de Madrid.
Además, hace unos meses se aprobó en pleno la creación de un Comité de Crisis por cada mujer asesinada en la ciudad de Madrid, formado por un equipo multidisciplinar que investiga el caso a fondo, evalúa la actuación de los servicios municipales y analiza las causas para obtener propuestas de mejora que ayuden a erradicar las violencias machistas en Madrid. El primer y único comité hasta ahora ha sido el de Susana Galindo, asesinada en el distrito de Ciudad Lineal, de cuyo informe final se deriva la puesta en marcha de la campaña ‘Barrios por los buenos tratos’, que tiene como objetivo sacar la violencia machista del hogar al espacio público para que sea asumida como un asunto de todos y todas y dar a conocer los recursos municipales de lucha contra este tipo de violencia, así como varias iniciativas de formación para el personal de los servicios municipales.
Las leyes españolas son insuficientes
La proposición también insta al Gobierno español “a modificar la legislación vigente para ampliar el concepto de víctima de violencia contra las mujeres o violencia de género, para adecuar las actuaciones de atención integral, protección y justicia a las recomendaciones y estándares internacionales y garantizar que en todas ellas esté presente el enfoque de género y el tratamiento especializado”.
