“La proliferación e implantación de patinetes y el mal uso y aparcamiento de estos nuevos elementos de movilidad urbana, sean eléctricos o no, ponen en riesgo la seguridad y comprometen la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad”, expone el CERMI en la queja remitida a la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán.
Además, la plataforma representativa de la discapacidad en España advierte del peligro añadido que supone la velocidad elevada que alcanzan los nuevos elementos de movilidad y su falta de sonido, ya que puede hacer que las personas con discapacidad no se percaten de su presencia, y por tanto, les resulte más difícil evitar un posible accidente.
Asimismo, la entidad alerta de que el mal estacionamiento de estos elementos de transporte puede generar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. “Aparcar en el cruce de dos calles, en el acceso a un paso de peatones o estacionarlo cruzado en medio de la acera pueden convertirse en impedimento para transitar o producir un accidente de consideración”, recoge el escrito.
Todas estas situaciones vulneran la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Igualmente, en 2003, España estableció la obligación legal de que el 4 de diciembre de 2017 todos los bienes, entornos y servicios de interés tenían que ser plenamente accesibles.
Por todo ello, el CERMI solicita “la intervención del Defensor del Pueblo para que investigue esta situación e inste a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a que impulsen medidas de regulación de estos vehículos orientadas a garantizar la seguridad, la accesibilidad y la movilidad de toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad”.
