La invasión anárquica de este tipo de vehículos, que colonizan las grandes ciudades, es ya una cuestión de seguridad pública, en términos de emergencia, que pone en peligro la integridad e indemnidad de los peatones, especialmente los más frágiles, como las personas con discapacidad, las personas mayores y los niños y niñas, que están siendo expulsados del espacio público.
Para el CERMI, los nuevos ayuntamientos no pueden eludir por más tiempo este asunto, debiendo dotarse de normativa local exigente, que luego han de hacer cumplir escrupulosamente, evitando así las situaciones de burla e impunidad a las normas en que se encuentran la mayor parte de las ciudades donde circulan VMP.
Como solución completa, que proporcione seguridad e igualdad en todo el territorio nacional, el CERMI viene reclamando al Gobierno de España, a través de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, que modifique el Reglamento General de Circulación y el Reglamento de Vehículos para que la prohibición de circular y estacionar en las aceras y espacios peatonales de los VMP sea obligación en todo el país, y no quede a voluntad de cada ayuntamiento.
