Para la FRAVM, el problema habitacional y, sobre todo, la deuda vitalicia a la que se enfrentan cientos de miles de familias como consecuencia de la voracidad de las entidades bancarias con la connivencia de las administraciones públicas solo se solucionaría modificando la Ley Hipotecaria garantizando la dación en pago con carácter retroactivo; una moratoria de los desahucios durante, al menos, tres años y la creación de un parque de alquiler social con las viviendas recuperadas por las entidades financieras. El código de buenas prácticas bancarias aprobado por el Gobierno, por tanto, no es sino una maniobra de distracción.