En la mañana de este miércoles, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, se ha reunido con la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en relación con los presuntos delitos cometidos en el chat de WhatsApp por parte de unos policías municipales.
La Delegada del Gobierno ha informado en el inicio de la reunión de que su conocimiento de estos sucesos proviene exclusivamente de los medios de comunicación, y que no le consta que a la Policía Nacional haya llegado ninguna demanda de investigación por parte del juzgado que instruye la causa.
Por parte de CCOO, tras agradecer a Dancausa la condena expresada días atrás en una red social de los contenidos del chat, se le ha trasladado la indignación por las expresiones violentas e intolerantes vertidas, y la preocupación porque lo acontecido, además, pone en cuestión la seguridad del denunciante, delegado sindical de CCOO, y de un segundo representante del sindicato, el secretario general de CCOO de la Policía Municipal de Madrid.
Cedrún ha expresado su interés por despejar, a través de la oportuna investigación policial, la duda sobre la posibilidad de que los denunciados pudieran tener contacto o formaran parte de organizaciones neonazis o de contenido violento. La delegada del Gobierno ha escuchado a la representación de CCOO y tomado nota tanto de los hechos descritos como de las preocupaciones del sindicato, indicando que realizarán todas las tareas que les puedan ser encomendadas por el Juez del Juzgado número 42 de Madrid que instruye la causa.
Por último, aprovechando la temática municipal del encuentro, Jaime Cedrún ha trasladado la preocupación de CCOO sobre las repercusiones para la ciudad de Madrid y los empleados y empleadas públicas del Ayuntamiento de la confrontación que se desarrolla sobre la aplicación de la Regla de Gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda. Ante los argumentos de Dancausa en el sentido de reafirmar la ilegalidad de la actuación del Ayuntamiento de Madrid, el secretario general de CCOO de Madrid ha repetido la oposición del sindicato a que ayuntamientos como el de Madrid, y otros, sean obligados a dedicar una parte tan importante de sus recursos económicos a pagar la deuda heredada en detrimento de inversiones que la ciudad y sus habitantes necesitan para mejorar la calidad de vida e impulsar la economía.
