El informe del Defensor del Pueblo de 2009 duda de que sea necesario aprobar una ley ‘ad hoc’ para la Cañada Real Galiana, que tramita la Asamblea de Madrid desde hace casi un año, ya que a su juicio los instrumentos con los que cuentan las administraciones públicas actualmente serían suficientes para atajar esta situación.
En su informe de 2009, Enrique Múgica afirma haber encontrado una "escasa colaboración" en las administraciones implicadas "para buscar una solución integral con los medios disponibles, mientras se busca una solución mediante un ley ad hoc que ofrece dudas sobre la finalidad buscada", es decir, que realiza un "tratamiento eminentemente territorial para encuadrar los demás aspectos del problema".
Así, Múgica considera que la Comunidad "malinterpreta" las argumentaciones de la institución que dirige, al deducir que "se insta a autorizar la implantación de usos residenciales en suelos especialmente protegidos y considerados bienes de dominio público, algo por completo incierto".
A continuación, insiste en que el Defensor del Pueblo "proponía tomar en consideración la posibilidad de intervenir integralmente en la zona con instrumentos urbanísticos y territoriales", y duda de que "la legislación vigente y los instrumentos puestos a disposición de la administración urbanística y territorial por el legislador madrileño sean insuficientes para atender el problema de la Cañada Real, y que sea preciso un proyecto de ley especial".
