La Comunidad ha iniciado una campaña de inspección de instalaciones eléctricas en la región a instancias de una denuncia de la compañía Unión Fenosa Distribución, gracias a la cual ya se han detectado más 73 instalaciones eléctricas fraudulentas localizadas en una urbanización de Nuevo Baztán, el 100% de las inspeccionadas.
Así lo ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, quien ha destacado que “dichos enganches fraudulentos son un delito que pone en peligro la seguridad de las instalaciones y de las personas y supone un fraude al resto de los usuarios, que se ven obligados a pagar la cantidad defraudada a través del déficit tarifario”.
Durante las inspecciones se han encontrado equipos de medida sin precinto y manipulados (74%), circuitos eléctricos para “puentear” el contador (6%), e incluso enganches directos a la red de distribución sin contrato ni contador (20%).
Pérdidas de más del 40% en la línea de Nuevo Baztán
En las redes de distribución se estima que existen unas pérdidas técnicas del 3%. Sin embargo, las pérdidas totales estimadas en la ciudad de Madrid ascienden al 9,1% y en el conjunto de la Comunidad al 14,3%. La línea analizada en Nuevo Baztán consta de 20 km, con 3.600 suministros y 28 centros de transformación que alcanzó en 2014 unas pérdidas del 42%.
Se estima que el fraude en toda la Comunidad podría alcanzar los 600 millones de kWh, valorados en 180 millones de euros. Por ello, la campaña continuará las próximas semanas, también en las zonas de distribución de Iberdrola.
Según la normativa vigente, la empresa distribuidora está habilitada para interrumpir el suministro de forma inmediata cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato, cuando se establezcan derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato o cuando se manipule el equipo de medida o control o se evite su correcto funcionamiento.
Las compañías podrán refacturar para compensar por el consumo defraudado y no medido por el contador que está establecido por una fórmula en la normativa. Además, por la comisión de estas infracciones muy graves se podrían imponer al infractor multas que podrían llegar a ser millonarias en función del fraude realizado.
Además, las conexiones ilegales representan un elevado riesgo para la seguridad de las personas que las realizan y también para terceros, así como para las propias instalaciones, ya que se llevan a cabo al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente. El hecho de conectarse ilegalmente a la red de distribución puede causar averías en las instalaciones al superarse la capacidad prevista para las mismas, lo que puede suponer un perjuicio para el resto de los usuarios.
Por otra parte, hay que recordar que las sucesivas campañas de inspección llevadas a cabo desde el año 2005 y la entrada en vigor de la Ley 2/2007 de garantía de suministro de la Comunidad, introdujeron nuevas obligaciones para las empresas eléctricas que han permitido mejorar sustancialmente la calidad de servicio, alcanzándose en nuestra región los mejores índices de calidad del suministro a nivel nacional, con un tiempo medio de interrupción de 0,46 horas en el año 2013 frente a las 0,76 horas registradas en 2008.
