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21/04/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Detenidas 43 personas por defraudar 25 millones en la venta de bebidas alcohólicas
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han destapado una red que defraudó 25 millones de euros en el IVA sobre bebidas alcohólicas, en una operación desplegada en provincias de siete comunidades autónomas que se ha saldado con 43 detenidos y la incautación de 310.000 botellas por valor de 4 millones.

De la operación Espíritu han informado el teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Francisco Almansa; José Manuel Alarcón, jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria; y Elena Martín, responsable de Asuntos Técnicos de la Federación Española de Bebidas Espirituosas.

Han explicado que la red comercializaba las bebidas a precios más bajos que los del mercado y eludían el pago del IVA, que repercutían al cliente pero no ingresaban a la Hacienda Pública, por lo que les permitía vender el producto a inferior precio, lo que implica una competencia desleal a quienes pagan el IVA religiosamente.

Con un complejo entramado de empresas pantalla o "truchas" y testaferros procedentes muchos de ellos del barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla que prestaban su nombre para esta actividad, la red estaba dirigida por una mujer, con antecedentes en tráfico de drogas, y su padre, que controlaban desde Castellón esta actividad.

Aunque no se ha podido comprobar, los investigadores sospechan que parte de las bebidas incautadas -280.000 botellas en un almacén de la localidad sevillana de Mairena de Aljarache- podrían tener como destino las casetas de la Feria de Abril, dada la proximidad de la fecha de su incautación con este evento festivo. Las otras 30.000 botellas se han intervenido cerca de Valencia.
El fraude detectado solo afecta al impuesto no pagado, ya que las botellas de alcohol eran perfectamente legales, sin ningún tipo de adulteración y de las marcas habituales.

La operación se ha llevado a cabo en las provincias de Madrid, Zamora, Badajoz, Castellón, Valencia, Barcelona, Gerona, Sevilla, Cádiz, Málaga, Lérida y Guadalajara, donde se han efectuado 14 registros y bloqueado varios centenares de productos financieros, 47 inmuebles de distinta naturaleza y 59 vehículos. Durante los registros, los agentes han encontrado armas, joyas, cuadros de valor, 225.000 euros en efectivo y cuentas bancarias con un millón euros.

Más de 60 empresas formaban el entramado, que ha sido descubierto a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de Castellón en septiembre de 2016 sobre la existencia del citado depósito fiscal. Es a ese recinto, exento del pago de impuestos, adonde llegaba la mercancía, que no se movía hasta su destino final a pesar de que la hacían "pasar" por varias empresas con el objetivo de difuminar su seguimiento y dificultar las posibles investigaciones policiales o de Hacienda.

Porque los cabecillas habían diseñado perfectamente el entramado para enmascarar la actividad delictiva, que comenzaba con la adquisición de la mercancía por parte de empresas denominadas "introductoras", las cuales llevaban el producto al depósito fiscal.
Las bebidas eran transportadas hasta los centros de distribución, que podían comercializarlas a precios por debajo de los de mercado porque la red eludía pagar el IVA, con lo cual ya obtenía un beneficio mínimo del 21 por ciento.

Aunque la mercancía era trasladada a esos centros directamente, la organización la hacía pasar "documentalmente" por distintas sociedades que, además, iban desapareciendo para poner obstáculos a la hora de seguirles el rastro. El hecho de haber elegido a residentes del barrio de las 3.000 viviendas como testaferros, a los que pagaban una cierta cantidad por ello, también tenía como objetivo dificultar la investigación.

Y era en la última fase donde la organización obtenía sus beneficios, ya que en la venta del producto a bares u otros establecimientos sí les cobraban el IVA, que no declaraban. De los 43 detenidos (30 de ellos testaferros), cuatro están en prisión provisional, según han precisado los responsables de la operación, que han investigado la actividad de red entre los ejercicios 2014 y 2017.

Los delitos que se imputan a la organización son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental.









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