“Genera menos ingresos a las arcas municipales y, sin embargo, es más caro para emprendedores y empresarios. Un claro caso de gestión ineficiente”. Así ha calificado hoy el concejal socialista, Diego Cruz, el actual modelo de gestión de licencias de actividades del Ayuntamiento de Madrid. El edil también ha destacado que, cumplidos los 100 días de la investidura de la alcaldesa Ana Botella, el Gobierno municipal no ha realizado “ninguna previsión o actuación” para agilizar los trámites de ciertos permisos. Sostiene Cruz que la primera edil va con retraso: “anunció este compromiso como propio en su investidura, cuando en realidad es una obligación marcada por una Directiva europea que ya vienen aplicando consistorios como el de Jerez o Santa Cruz de Tenerife”.
Analizando los presupuestos de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) para 2012, el concejal socialista concluye que el Consistorio “no garantiza un adecuado control de las licencias” y del procedimiento de intervención de las Entidades Colaboradores de Gestión de Licencias Urbanísticas (ECLU), encargadas de este cometido desde la privatización impulsada en 2010. “De las cuentas de AGLA para este año se deduce que la cobertura de control e intervención ronda el 50% de los expedientes tramitados por la agencia”, explica Cruz.
Según el edil socialista, la aplicación de la ordenanza que creaba las ECLU -aprobada en junio de 2009-, ha supuesto “una importante reducción de cerca de 9 millones de euros en los ingresos municipales por licencias”. Esta situación contrasta con el “notable incremento” que experimentan las tarifas máximas que pueden cobrar las entidades este año y que les han reportado un incremento de facturación del 42,71% en el periodo 2009-2012. En los últimos cuatro años, se ha llegado a triplicar el coste de determinadas licencias.
La citada ordenanza, ha añadido Cruz, “acumula sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulan más del 70% de sus artículos”. Este hecho, a su juicio, genera una significativa inseguridad jurídica para los usuarios del sistema y para las propias ECLU.
Además, AGLA tiene trabajo acumulado: “El proceso reglado de auditorias a las ECLU, que debería haber finalizado el noviembre de 2011, se ha alargado hasta el primer trimestre de este año. Pese a los requerimientos del grupo socialista, todavía no nos han facilitado el resultado de las mismas, actitud que se suma a las peticiones de información y expedientes”, señala el concejal del PSOE.
