El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,1 millones de euros para abonar el gasto derivado de las obras realizadas al ejecutar el contrato de la Ciudad de la Seguridad en los recintos feriales de la Casa de Campo. Este procedimiento, ha explicado el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, obedece a las irregularidades detectadas entre los trabajos realizados y el proyecto inicial de los mismos, adjudicados en el anterior mandato a la empresa Edhinor.
Sánchez Mato ha recordado que el Ayuntamiento se negó hace un año a recepcionar dichas obras al considerar que la compañía incumplió las condiciones del contrato y a la existencia de divergencias en el acabado de las infraestructuras, situadas en los recintos feriales de la Casa de Campo. El delegado ha subrayado que, según la auditoría interna encargada al respecto, además de incumplirse el proceso de contratación, se ha producido una desviación presupuestaria del 21,7% respecto al proyecto inicial.
Los problemas importantes de saneamiento y, sobre todo, las discrepancias elevadas entre las obras y el proyecto aprobado, “ya que se hicieron trabajos diferentes”, ha habido que suplementar con 1,1 millones de euros para finalizarlas, “y las vamos a pagar”.
Problemas con Edhinor
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid tiene problemas con esta compañía por sus incumplimientos. De hecho, en julio de 2016 inició el procedimiento para prohibir la contratación del Ayuntamiento y su sector público con la empresa Edhinor por un periodo de tres años. Solicitó la regulación de este veto al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) en base a la sentencia firme por resolución culpable del contrato de obra de la construcción del Centro Municipal de Salud de Usera y los consiguientes daños causados a la ciudadanía.
La empresa dejó paralizada la edificación y no finalizó los trabajos. El Consistorio tuvo que volver a licitar la obra y fue el nuevo contratista el que ejecutó el Centro Municipal de Salud de Usera, que se inauguró en 2010. Se trata de la primera solicitud de prohibición de contratar por incumplimiento culpable de un contrato en este mandato.
El plazo de la prohibición lo sustentó el Ayuntamiento en la “mala fe del adjudicatario durante la ejecución del contrato, el daño causado a los intereses públicos municipales y el perjuicio a los ciudadanos madrileños, destinatarios del Centro de Salud objetivo del contrato incumplido”.
La respuesta de la Administración Central fue que esta competencia corresponde al Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad de Madrid, que también ha rechazado la formalización del veto solicitado por el Ayuntamiento.
No obstante, tras la integración del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid en el ROLECE, la administración municipal ha vuelto a registrar hoy mismo la petición en éste último. De acuerdo al apartado 3 del artículo 61 bis del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TSLCSP), la presente prohibición de contratar tendrá efecto desde la fecha de la inscripción en el citado Registro.
