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El dueño de Funnydent recupera parte del control de sus empresas

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(EFE). Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha dictado un auto en el que cesa a los dos administradores judiciales, Gabriel Rafael Segura y David Mateo López, quienes asumieron en lugar de López Vivar la administración de las sociedades en abril de 2016.

Con esta decisión, la juez accede en parte a la petición de Cristóbal López que pidió la destitución de los administradores únicos de las clínicas, nombrados por el juzgado, al haberse incoado una investigación penal contra ellos, para que fuera él quien asumiera el control de las empresas.

López Vivar afirma a Efe que desconoce cuantas empresas y sociedades va a recuperar de las nueve que había inicialmente. «Tomaré el control de lo que haya, ya que nadie sabe lo que hay actualmente», precisa. Tanto es así que fue él quien denunció a los administradores judiciales por malgastar su patrimonio y haber pagado más de 700.000 euros en viajes y comidas «sin justificar al juzgado», un extremo que niega Segura, quien además asegura que solo ha cobrado la mitad de los 80.000 euros de honorarios por su desempeño en el cargo.

Y señala a Efe que el dueño de Funnydent solo recuperará la única sociedad que cuenta con activos, que es el laboratorio Crisan, ya que las otras ocho empresas y sociedades «están vacías de contenido». Es más, destaca que todas estas sociedades están en concurso de acreedores y en fase de liquidación, una tarea que compete a los administradores concursales, ya como administradores liquidadores.

Hasta la fecha, López Vivar había solicitado a la magistrada recuperar el control de Funnydent en sustitución de la administración judicial varias ocasiones, todas ellas sin éxito. La Audiencia de Madrid obligó a la juez de Navalcarnero a reabrir la causa y a practicar una serie de diligencias, al entender que hay indicios de delito por parte de Cristóbal López Vivar, denunciado por estafar 8,8 millones a más de 2.400 pacientes, y poner en duda las conclusiones de un informe de la administración judicial en el que no se detectan irregularidades en las cuentas.

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