Según ha explicado López Barquero en declaraciones a EFE, la lista de 3.412 personas a la espera de un inmueble se refiere solo a los casos de emergencia social, mientras que el listado completo de las personas con derecho a una vivienda de la AVS ascendería a 31.000 personas teniendo en cuenta solo criterios de renta y el plan para jóvenes.
En la ciudad de Madrid el número de personas más vulnerables, es decir de quienes además de tener una renta baja son familias numerosas, monoparentales, se enfrentan a un desahucio o son víctimas de violencia de género, es de 14.000, mientras que en total 22.000 tienen derecho a acceder a un inmueble de la EMVS y están a la espera.
Por ello, López Barquero cree que las 3.412 personas cifradas por el Gobierno regional en una respuesta escrita dirigida al PSOE-M están en una situación de emergencia que se califica con criterios mucho más restrictivos de los que aplica el consistorio. Además, aunque siempre hay alguna vivienda vacía bien por renuncias o bien por arreglos, la cifra de 533 viviendas vacías «no es comprensible» para el consejero delegado de la EMVS, que ofrece colaboración municipal para asignar las 245 de la AVS vacías en la capital.
López Barquero critica asimismo la falta de transparencia de la AVSl y que se anuncien como adjudicaciones las renovaciones de contrato, que dan continuidad de un recurso pero no solucionan nuevos problemas de vivienda. Respecto a la insuficiente vivienda de titularidad pública, López Barquero explica que tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid se encuentran con problemas similares a la hora de adquirir viviendas en el mercado secundario -una estrategia que se une a la construcción de inmuebles, con mayor demora- pues el contexto de alza en los precios hace que los propietarios busquen mayores rentabilidades que las que ofrece la administración.
Por su parte la portavoz del PSOE-M en el Consistorio, Purificación Causapié, ha considerado un «desastre» que no se ocupen viviendas sociales «cuando hay muchas familias que las necesitan» y ha pedido mayor coordinación entre administraciones.
Según fuentes de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, de las 533 viviendas «sin inquilino» 179 están en proceso de reparación, 168 están reservadas para emergencias sociales y «no se pueden adjudicar con vocación de permanencia» y 69 están en proceso de adquisición, por lo que «faltan algunos trámites para tenerlas disponibles».
