La Policía Nacional ha desarticulado una organización internacional con ramificaciones en España dedicada a la explotación laboral de ciudadanos paraguayos, quienes pagaban cerca de 3.000 euros para saldar la deuda que adquirían por los gastos del viaje.
Según informó la Policía, los seis detenidos de nacionalidad paraguaya introducían en España a compatriotas que no disponían de autorización de residencia ni de trabajo. La operación se inició a raíz de denuncias presentadas por ciudadanas paraguayas en las que declaraban ser víctimas de inmigración clandestina y explotación laboral.
El grupo constaba de dos ramificaciones, una de ellas realizaba labores de captación, preparación del viaje y traslado de las víctimas desde Paraguay, mientras que la otra sección operaba en España, donde obligaba a las víctimas a saldar la deuda contraída y a trabajar en el empleo sumergido.
Tras estudiar los efectos intervenidos y las declaraciones de los afectados, los investigadores pudieron constatar que los pagos se realizaban en aportaciones semanales o mensuales, debiendo satisfacer la deuda íntegra en un plazo máximo de seis meses. Tras ello, identificaron al grupo, que estaba compuesto por seis miembros instalados en España y otros tres residentes en Paraguay, que a su vez eran familiares de las personas que operaban en España.
Los acusados se dedicaban a localizar a personas con necesidades económicas que querían trasladarse a Europa para mejorar su situación. Además, ponían en contacto a las víctimas con el responsable de una agencia de viajes en Ciudad del Este (Paraguay) para gestionar el vuelo.
La banda contaba con colaboradores que se dedicaban a prestar dinero para saldar la deuda y trasladar a otros familiares, a quienes cobraban más del 50 por ciento de intereses que debían pagar en tres meses.
En los tres registros efectuados, se han intervenido agendas con anotaciones de deudas contraídas por las víctimas, 513 justificantes de envío de dinero a Paraguay por más de 100.000 euros, cuatro pasajes de avión a nombre de perjudicados, diferente material informático y más de 800 euros en efectivo.
La investigación ha sido realizada por agentes de la Brigada Central contra las Redes de Inmigración, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid.
