El fiscal del caso Guateque considera probado que los acusados por esta trama desarrollaron una «táctica mafiosa» para lucrarse mediante la concesión de licencias urbanísticas irregulares, reflejando una «fotografía general de la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid en la década de los 2000». Así lo ha expuesto el fiscal César Estirado durante la lectura de sus conclusiones definitivas en una nueva sesión del juicio que se celebra en Audiencia Provincial de Madrid, después de la modificación que realizó el pasado 29 de marzo, cuando rebajó las penas que pidió inicialmente para cuatro de los acusados al aplicarles los atenuantes de confesión y reparación de daños.
Durante su intervención ha indicado que existen pruebas suficientes para realizar una «fotografía general de la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid en la década de los 2000» y ha defendido su decisión de mantener su petición inicial de penas de entre 10 meses y 31 años de prisión para el resto de los 26 acusados. El bautizado como caso Guateque comprende hasta siete «tramas de tráfico de sobornos y favores» que se urdieron en el entorno del Ayuntamiento de Madrid para, según el Ministerio Público, agilizar expedientes urbanísticos con la ayuda de funcionarios que «utilizaban sus cargo técnicos como medio para lucrarse». Estirado ha detallado que los funcionarios investigados se sirvieron de sus conocimientos y posición en el Consistorio para elaborar informes técnicos haciendo una interpretación «interesada y arbitraria» de la norma municipal. Su estrategia, ha continuado, se basaba en que los intermediarios se sirviesen del retraso que existía en la tramitación de proyectos de licencia en el Ayuntamiento, que podía demorarse entre uno o dos años, para hacer que los promotores se sintiesen «agobiados». Y gracias a esto, haciendo uso de lo que ha calificado de «táctica mafiosa», ofrecerles la posibilidad de acelerar el proceso mediante el pago de sobornos a trabajadores municipales con los que tenían «una relación cercana». El representante del Ministerio Público ha destacado el papel que tenía el supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos, en la comisión de los delitos, motivo por el que se enfrenta a una pena de 14 años de prisión. Para ello ha hecho referencia a las conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación, en las que los acusados discuten los detalles de las licencias y las cantidades a repartir, que rondaban los 15.000 euros. De entre todas ellas ha subrayado una entre Ceballos y su superior en el momento de los hechos, Joaquín Fernández de Castro -quien se enfrenta a 11 años y seis meses de prisión-, en la que discuten acerca de cómo organizar los «golpes». «Es una conversación digna de El Padrino, en la que Joaquín Fernández de Castro le dice a Ceballos que deben centrarse en organizar grandes golpes, mientras que éste defendía la necesidad de dar muchos pequeñitos», ha indicado el fiscal.
