(EFE). En el escrito de acusación, la fiscalía solicita seis años de cárcel para el director de Afal, Jaime C.M.; cinco años para la abogada de la entidad, Mercedes D.M; y dos años y medio para Rafael N.B., marido de la presidenta de la entidad Blanca Clavijo, que falleció en 2014 en un accidente de tráfico.
Para otros dos voluntarios de Afal, el fiscal también pide respectivamente un año de prisión falso testimonio y 21 meses por un delito de apropiación indebida. Según la Fiscalía, la cúpula de la entidad sin ánimo de lucro, constituida en 2006 y que se encarga de la tutela de personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales, ideó «un plan» para desvalijar el patrimonio de sus tutelados después de que los juzgados de primera instancia de Madrid nombrara a la Fundación como tutora de distintas personas.
Así, el director, la expresidenta fallecida y uno de los voluntarios gestionaban los «grandes patrimonios que tenían algunos de sus tutelados, ya que vendían sus inmuebles, realizaban obras en los mismos y hasta les asesoraban en materia legal o fiscal «conscientes del perjuicio que originaban a los ancianos tutelados» y «despreciando las obligaciones derivadas de su función de tutor».
Mediante el «expolio» al que sometían a los ancianos lograban sustraer buena parte de su patrimonio para incorporarlo bien al suyo propio a través de distintas sociedades bien al patrimonio de la Asociación Nacional del Alzheimer AfalContigo o de la misma Fundación.
Todo ello, relata el escrito de acusación, para invertir posteriormente el dinero en la construcción del proyecto Villafal, una residencia de lujo para ancianos con Alzheimer situada en Paracuellos del Jarama (Madrid), un negocio con el que los acusados «pensaban ganar grandes cantidades de dinero».
Dado que la Fundación era tutora de los ancianos -la mayoría con Alzheimer, sin familiares o «teniendo estos intereses contrapuestos»- los acusados estaban autorizados para manejar sus cuentas por lo que no tenían impedimento alguno para transferir capital a sus cuentas de la Asociación Afal Contigo, la Fundación Afal Futuro o a la mercantil T4L que formaba parte del grupo de empresas de Afal.
Estas transferencias «inconsentidas» o «injustificadas», según el fiscal, alcanzaron un importe de 8.422.090 euros «sin que conste en muchas ocasiones quién de ellos hacía las transferencias al efectuarse éstas por internet, pero en todo caso de común acuerdo y consentimientos de los tres».
Hasta 24 transferencias en apenas un mes de 50.000 euros cada una realizaron los acusados sobre el patrimonio de una de las afectadas a una cuenta en la en la que aparecía como beneficiaria la Asociación Afal Contigo, en tanto que a la sociedad mercantil T4L llegaron otros 359.941 euros gracias a la anciana discapacitada.
Otros siete casos relata la fiscalía, entre ellos el de dos hermanos, a quienes vaciaron de sus cuentas cerca de 400.000 euros con destino a la Asociación Afal Contigo y la sociedad mercantil. Dentro del plan establecido para «saquear» a las personas tuteladas, el fiscal sostiene que la letrada de la fundación concertó seguros de vida o contratos de renta vitalicia con una entidad aseguradora situando como beneficiarios a los herederos legales, «a sabiendas de que no existían», y en su defecto a los tutores legales, esto es, a la propia Fundación Afal.
Algunas de estas pólizas siguen en vigor puesto que en la persona no ha fallecido pero en un caso concreto se llegaron a embolsar 39.534 euros.
