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21/11/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Garrido recurre Madrid Central por falta de trámites y por extralimitarse
La Comunidad de Madrid ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso-administrativo contra Madrid Central alegando que carece de los trámites e informes previos obligatorios, que afecta a competencias autonómicas en materia de transporte y medio ambiente y porque no ha sido sometida a información pública y audiencia.

Según ha explicado en rueda de prensa el presidente regional, Ángel Garrido, el recurso se ha presentado esta mañana y pide la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que aprobó el pasado 5 de octubre el Pleno del Ayuntamiento, además de solicitar la suspensión cautelar de su entrada en funcionamiento, prevista para el próximo 30 de noviembre.

Al margen de este primer recurso, el Gobierno de la Comunidad tiene previsto interponer esta misma semana o la próxima otro recurso en los Juzgados de los contencioso-administrativo exigiendo que se anule el acuerdo de la Junta de Gobierno local aprobado el 29 de octubre que desarrolla la gestión y funcionamiento de Madrid Central.

El primer recurso, ya presentado hoy, se fundamental en diez puntos, ha detallado Garrido en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del vicepresidente regional, Pedro Rollán, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo.

Hace especial hincapié en que "no se pone en duda la competencia municipal en el ámbito de la movilidad", pero Madrid Central "afecta a la gestión de competencias autonómicas, por lo que hubiesen requerido de solicitud de informes previos a las Consejerías competentes en dichas materias". Además, ha precisado el presidente, el perímetro de Madrid Central "no comprende las zonas más contaminadas de la ciudad, según los últimos informes de calidad del aire del propio Ayuntamiento".  Y tampoco plantea el proyecto de Madrid Central medidas que permitan "una aplicación eficaz" del mismo, como por ejemplo la puesta en marcha de carriles de acceso preferente para autobuses interurbanos en las principales vías de penetración a la ciudad o el establecimiento de aparcamientos disuasorios.

En concreto, el recurso se basa en diez ideas, la primera de las cuales es la falta de los trámites e informes para poner en marcha una iniciativa de este calado: el informe preceptivo de la dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Formación de la Gerencia de la Ciudad; el informe previo o participación del Consorcio Regional de Transportes; o el informe preceptivo de la Consejería de Transportes.

En segundo término, el recurso argumenta que no hay una memoria de impacto normativo -motivo por el que Garrido cree que se puede anular la Ordenanza-, y no analiza el impacto económico que puede suponer para el ciudadano, los comercios e incluso la competitividad de la ciudad.

Tampoco tiene el proyecto un informe de impacto en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; no se ha sometido a información pública y audiencia; y no se ha dado audiencia a los municipios limítrofes. Otro de los argumentos es que el perímetro de Madrid Central no comprende las zonas más contaminadas de la ciudad, de acuerdo con los datos de 2017 del propio Ayuntamiento, que cita como zonas más contaminadas por dióxido de nitrógeno la zona de Escuelas Aguirre y la Plaza Fernández Ladreda, ambas fuera de la zona que se quiere cerrar al tráfico.

Y no cuenta, además con una evaluación de qué impacto ambiental puede tener el cierre al tráfico en las zonas colindantes con el perímetro de Madrid Central. Finalmente, sostiene que no se reservan plazas de aparcamiento para personas discapacitadas en la medida que marca la ley, que no se incluyen medidas que garanticen su aplicación eficaz evitando el colapso del tráfico, y que no se ha tenido en cuenta el impacto de ponerlo en marcha justo en las fechas previas a la Navidad.









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