La presidenta de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha salido al paso de las críticas recibidas desde el seno de su partido sobre los desahucios ejecutados por la entidad pública. Integrantes de la facción de Ganemos en el equipo de Gobierno -Rommy Arce, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán- se adhirieron a un manifiesto que denunciaba la “deriva” de la EMVS a la hora de emprender lanzamientos a familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
En este sentido, la presidenta de la empresa municipal ha aclarado que «no se desahucia a familias por falta de pago siempre que cumplan con unos criterios», para añadir acto seguido que «lo que no puede ser es que cualquiera que dé una patada a una puerta ya tenga una vivienda».
Los firmantes del manifiesto, entre los que se encuentran, además de los ya citados representantes de Ahora Madrid, diputados autonómicos de Podemos e integrantes de Izquierda Unida, exigían mediante tal escrito a la EMVS «una solución a todas aquellas familias que por necesidad y por su situación de extrema precariedad ya han ocupado una vivienda de la empresa pública» porque «no hacerlo supone enfrentar a pobres contra pobres y acrecentar un conflicto en vez de aportar una solución».
Un ejemplo de la “deriva” de la EMVS que, según los más críticos, se ha producido en estas dos últimas semanas, es el desahucio que estaba previsto para el pasado 9 de marzo en la calle Ofelia Nieto (Tetuán), y en el cual se pretendía echar del domicilio a una familia integrada por una madre con dos hijas, la mayor de las cuales tiene a su vez dos pequeñas, una de dos años y otra una bebé de 15 días.
Por su parte, la primer teniente de alcalde ha respodido que si sus compañeros conociesen dichos casos “no habrían firmado”. En este sentido, Higueras ha devuelto el guante a la facción de Ganemos advirtiendo sobre la “rumorología” y “desconocimiento” que existe en casos puntuales. Marta Higueras ha remarcado que la EMVS «no ha desahuciado a 83 familias que adeudaban dinero y cumplían con estos requisitos». Del mismo modo, ha recordado el «grave problema» que existe por la falta de viviendas que deberían ser destinadas a ayuda social. «Tengo 24.000 personas solicitantes de vivienda social, 4.500 en situación de emergencia y a día de hoy 300 viviendas», ha ejemplificado.
