Vivienda tiene muchos sinónimos: hogar, inicio de una nueva vida, pero en todos los casos implica independencia y mucho más para una persona con discapacidad. Hoy el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), y la Fundación ONCE han firmado un convenio dirigido a facilitar el acceso de estas personas a la vivienda pública, gracias a la puesta en marcha de tres programas que les permiten la incorporación a pisos protegidos totalmente adaptados y les facilitan alojamiento temporal para su integración laboral y su formación profesional.
El Gobierno de Ana Botella tiene el compromiso de hacer de Madrid la ciudad para todos, y el acuerdo firmado esta mañana es clave ya que fomenta la vida independiente. “Con este convenio impulsamos la integración, facilitamos el acceso a la vivienda pública por parte de personas discapacitadas, promovemos el desarrollo de actuaciones de sensibilización para la integración e inserción laboral de las personas con discapacidad y favorecemos la investigación, formación y asesoramiento en materia de accesibilidad universal”, ha dicho la alcaldesa.
Una vida independiente
El primer programa que contempla el texto fomenta la vida independiente. Se ofrece una vivienda protegida municipal adaptada. Agrupa paquetes de entre 4 y 6 viviendas dentro de la misma promoción, con el fin de que los beneficiarios puedan compartir determinados servicios indispensables como personal de asistencia o transporte. El régimen de acceso a estas viviendas será de venta, alquiler o alquiler con opción a compra.
Los otros dos programas obedecen a viviendas de alojamiento temporal para integración laboral o para formación profesional, de uso individual o colectivo, respectivamente. Con ellos, se facilita el acceso al mercado de la vivienda a las personas con discapacidad que no viven en Madrid y que, durante un tiempo, reciben formación para acceder a un puesto de trabajo.“Con una renta subvencionada y menor a los precios del mercado, y con la ventaja de ser una vivienda previamente adaptada, el Ayuntamiento fomenta e impulsa la incorporación de las personas con discapacidad al entorno laboral”, explicó la alcaldesa.
El régimen de acceso a estas viviendas es de alquiler, bien directamente con el usuario en el caso de las individuales, o con la Fundación ONCE en el caso de las colectivas. En ambos casos, verán reducida su renta en un 15% y, en el caso de las dedicadas a facilitar la formación profesional, el convenio prevé un importe máximo de 200 euros al mes.
“En el Ayuntamiento de Madrid –continuó la alcaldesa– tenemos un claro compromiso con la cohesión social, y eso pasa necesariamente por la integración social de los discapacitados. Esta integración exige unas políticas destinadas a conseguir la igualdad de oportunidades y a mejorar la calidad de vida de quienes más dificultades tienen en su día a día”.
Compromiso permanente
En esta tarea, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) desarrolla una gran labor. Reserva un cupo especial de viviendas para personas discapacitadas con movilidad permanente reducida. En 2008 promovió una modificación del Reglamento de Adjudicación de Viviendas para establecer un procedimiento de adjudicación inmediata para todas aquellas personas con movilidad reducida, inscritas en el “Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda”, y que cumplieran los requisitos de acceso a una vivienda protegida.
Las promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo tienen reservado un 4% para personas con discapacidad. A falta de concretar la demanda que resulte de este convenio, actualmente hay unas 90 viviendas protegidas municipales ubicadas en los distritos de Usera, Barajas, Tetuán, Carabanchel, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Vicálvaro.
Son pisos en la planta baja, y sus adaptaciones han sido supervisadas y validadas por la Fundación ONCE. Todas cumplen con la normativa de accesibilidad y barreras arquitectónicas. No tienen un precio diferenciado del resto de nueva construcción, a menos que incluyan sistemas muy específicos. “Adaptar una vivienda, siempre que las características estructurales lo permitan, tiene un coste mínimo de 3.500 euros. De ahí la importancia de estas acciones, que ponen a disposición de personas con discapacidad unas viviendas públicas que les abran las puertas de su independencia y les faciliten su acceso a un puesto de trabajo”.
