Los inmigrantes constituyen un colectivo que necesita especial protección. Son mayoritariamente ellos quienes utilizan los servicios de envío de dinero al extranjero para hacer llegar a sus países de origen parte de lo ganado con su trabajo. Con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos, el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Consumo, ha inspeccionado 40 establecimientos que ofrecen este servicio, incluyendo entidades bancarias que los anuncian en sus páginas web. Es la segunda campaña de control del Ayuntamiento de Madrid a esta actividad.
Los datos obtenidos por los inspectores reflejan una notable disminución de los incumplimientos respecto a las irregularidades más significativas detectadas en la anterior campaña: Así, se ha reducido a la mitad los establecimientos que no exponen el cartel de precios de sus servicios, que han pasado del 29,5% a un 15% en la actual campaña, y frente al 19,6% de establecimientos que no exhibían cartel informativo de las hojas de reclamaciones y disponibilidad de éstas, en esta ocasión solo se ha detectado un caso.
Condiciones de contratación
Sin embargo en las condiciones generales de contratación se incluyen, de forma mayoritaria, cláusulas abusivas que limitan los derechos del consumidor debido a un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes, ya sea vinculando el contrato a la voluntad del empresario, limitando los derechos del consumidor, o por falta de reciprocidad a favor del empresario. Esta irregularidad no afecta a los tipos de cambio y comisiones aplicados, que no resultan en líneas generales elevados ni abusivos.
Igualmente, las cláusulas de privacidad utilizadas por más de la mitad de las empresas que se dedican a esta actividad incurren en incumplimientos normativos que vulneran de los derechos de los usuarios, fundamentalmente en aspectos relativos a la cesión de datos a terceros y al envío de comunicaciones comerciales.
El Instituto Municipal de Consumo ha dado traslado de los resultados de la campaña de inspección a los órganos competentes para la adopción de las medidas que corresponda. También ha incoado los correspondientes expedientes sancionadores por infracciones en materia de consumo.
