La portavoz de Servicios Sociales del Grupo Municipa de Izquierda Unida, Milagros Hernández, recuerda que en fechas recientes se solucionó in extremis un conflicto con una empresa que anunció que dejaba de pagar a sus trabajadores si el Consistorio no hacía lo propio con ella.
En concreto, según los propios datos de la Secretaría General Técnica de la Concejalía aportados a petición de IU en la última Comisión, a fecha 15 de noviembre, de los 93,7 millones de euros facturados por empresas y entidades sólo se han pagado 43,2. Es decir queda pendiente el 53% con una demora media de cinco meses, siempre atendiendo a los datos oficiales.
En este escenario, Hernández mostró su preocupación “por una insolvencia municipal que genera inestabilidad y puede contribuir a la reducción de empleo y a la pérdida de calidad en la prestación de estos servicios”. La concejala apuntó que, hasta ahora, “la situación se ha ido salvando por la responsabilidad de todos, especialmente trabajadores y pequeñas empresas, pero si se mantiene las consecuencias pueden ser graves”.
Cabe recordar que el ICO liberó un crédito de 286 millones de euros para pagar a un total de 523 proveedores y 2.259 facturas. Este abono se hizo por crtiterios de antigüedad sin tener en cuenta la prioridad de estos servicios masivamente privatizados en todas la áreas (mayores, personas sin hogar, familia, inmigración, cooperación, igualdad, juventud…).
