El partido ha informado a los medios de la presentación de esta querella, que ya había planteado en su día el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, de IU. En su opinión, Vilalcís pudo incurrir en «colisión de intereses» por sus intervenciones en defensa de los sindicatos policiales enfrentados al Gobierno municipal mientras figuraba como administradora del bufete que presentó la querella de la Unión de Policía Municipal (UPM) contra Juan Carlos Monedero y la concejal Rommy Arce por un delito de odio.
«Esto es muy grave. No solo no se informó de la situación que tenía con la sociedad sino que ha intervenido recurrentemente en cuestiones de clientes de esta empresa», advirtió Valiente, que cree que el comportamiento de la concejal es contrario al artículo 441 del código penal.
Ese artículo señala que «la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años».
Villacís, aspirante de la formación naranja a la Alcaldía de Madrid, ocultó durante tres años en sus declaraciones la sociedad profesional y patrimonial que administraba junto a su marido, según publicó el diario ABC, una información que la edil negó y atribuyó a intereses electorales.
