El magistrado que presta apoyo al juez instructor del ‘caso Lezo’, Manuel García Castellón, ya emitió un auto de imputación para 25 personas por haber participado en la operación de adquisición, entre éstos, el actual presidente de Adil, Juan Bravo, y el exconcejal, Pedro Calvo.
Otro de los nombres que se sumaron a la lista de investigados fue el de Arturo Canalda, hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas, que dimitió después de conocerse el escrito judicial. De esta manera, el juez aceptaba las peticiones de la Fiscalía de Anticorrupción, en la que dos fiscales interpretaban que el también exalcalde de la capital, y “su gente”, controló la operación que supuso el desfalco de 70 millones de euros.
Además del órgano autonómico, se exigió la imputación del Consejo de Administración del Canal de Isabel II y las empresas públicas, Canal Extensia SA, partícipes en el procedimiento investigado. Las fiscales detallan que en el mismo se dio luz verde al endeudamiento de 51,1 millones de euros en la compra de Inassa -por 83 millones de euros-, una cuantía muy superior al valor de la propia entidad. Así, las demandantes de la imputación señalan como artífice de la operación a Ruíz-Gallardón, mientras que Ignacio González estaba al tanto de lo sucedido.
«Tanto Ignacio González como Edmundo Rodríguez -mano derecha de González en el Canal- tuvieron pleno conocimiento de la operación realizada y de que la misma se hizo con grave perjuicio de fondos públicos», señala la petición, que indica que «ambos, presuntamente, han participado de una organización corrupta y por ello, han dado cobertura a esta operación y se han beneficiado de la misma a través de la actividad de Inassa en Sudamérica».
Para llegar a dicha conclusión, las fiscales recogen conversaciones captadas a Edmundo Rodríguez e Ignacio González. En una de ellas Rodríguez habla del «robo de 25 millones al Canal de Isabel II en una inversión de 95 millones de dólares», datos que desde Fiscalía consideran que «encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de Inassa por parte de Canal Extensia». En otra de las conversaciones captadas durante la investigación, la Fiscalía asegura que Ignacio González «acredita que el precio pagado por la adquisición de Inassa fue muy superior al valor de la sociedad»; así como el «alto grado de conocimiento que él mismo tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma».
Se trata de una conversación entre el propio González, Eduardo Zaplana y Eduardo Belhot en la que González asegura que Ruiz-Gallardón y «su gente» compraron una sociedad «que no valía ni 30 millones de dólares por 100»:
“Alberto hizo una operación de que, no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II», expone González, que hace referencia a que la adquisición de Inassa se hizo mediante una sociedad panameña.
