(EFE). En un auto, fechado el 7 de agosto y al que ha tenido acceso Efe, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid cita los supuestos en los que argumenta su declaración y se ampara en la posibilidad de que la investigación no puede completarse en el periodo establecido de seis meses, puesto que está pendiente la realización «de pericias» o «complicados análisis».
También alega que se contempla ampliar una instrucción cuando se precisa de «la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas». La jueza pidió, a instancias del Ministerio Fiscal, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid designara a un perito para que valorara el coste real del servicio de alquiler de bicicletas Bicimad, por el que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) abonó 10,5 millones de euros a la concesionaria, Bonopark.
El pasado mes de julio requirió al Ayuntamiento de Madrid en una providencia que aclarara si la tramitación de los expedientes de Bicimad se ajustaban a la legalidad o si se ha cometido alguna irregularidad. La juez desestimó la solicitud de archivo y sobreseimiento de la querella del PP contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por la posibilidad de haber incurrido en un delito de malversación en la compra de Bicimad.
La comisión de investigación sobre la municipalización del servicio celebra este miércoles su próxima sesión, a la que asistirá quien ocupaba el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
